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República Dominicana atraviesa un momento que exige revisar, sin ambigüedades, quiénes han hablado en nombre del país y a qué intereses han servido realmente.
Durante años, grupos que se autoproclamaron “sociedad civil” y que, apoderados de ese nombre y cobijados bajo el fuero de USAID, construyeron para sí mismos una autoridad moral artificial, impulsaron agendas disociadas de la identidad dominicana.
Bajo un discurso de modernidad, defendieron intereses externos, fueron voceros de causas importadas y evitaron transparentar a quién financiaba sus posiciones públicas.
Ese escenario se volvió aún más delicado cuando el país comenzó a enfrentar una amenaza sostenida; la inestabilidad de Haití.
Que hoy se ha convertido en un riesgo real para la seguridad y la cohesión social dominicana.
A esto se suma un dato clave confirmado por la propia embajadora estadounidense Leah Francis Campos; el gobierno de Joe Biden presionó a las autoridades dominicanas para mantener abierta la frontera incluso en momentos críticos, exigiendo decisiones que ningún Estado responsable habría tomado voluntariamente.
La sociedad civil que se alquila es una era que debe cerrarse, porque durante años parte de los actores que dominaron el espacio público, operaron más como representantes de sus financiadores que como interlocutores del pueblo dominicano.
Muchos se alquilaron por conveniencia, otros defendieron con entusiasmo intereses foráneos, y algunos recurrieron al chantaje emocional o mediático para imponer su visión.
Ese modelo, además de débil, es contrario al espíritu democrático.
El respeto a la diversidad, sin imposiciones, es fundamental; República Dominicana puede y debe respetar la diversidad y los derechos de todas sus minorías, pero sin aceptar agendas que pretendan uniformar al país según criterios ajenos a su historia y su cultura.
La inclusión auténtica no nace del chantaje ni de la presión externa, sino del reconocimiento mutuo, el diálogo y el fortalecimiento de instituciones que protegen a todos por igual.
La sociedad civil que el país sí necesita es aquella que surge desde la autonomía, la integridad y la comprensión del país real.
Una sociedad civil que no se alquile ni se arrodille ante financiamientos condicionados; que no defienda causas que no nacen del pueblo dominicano; que no chantajee al Estado ni a la opinión pública; y que fiscalice y aporte desde la coherencia y la integridad.
Una ventana generacional se abre ante nosotros. La crisis haitiana, la confirmación diplomática y el agotamiento del viejo modelo permiten reconstruir una sociedad civil antifrágil, honesta y profundamente dominicana.
Si el país aprovecha esta oportunidad histórica, podrá levantar una sociedad civil que no se alquile, que no se venda y no se preste a servir intereses que no son los del dominicano.
