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LA PAZ (AGENCIAS).– El expresidente de Bolivia, Luis Arce fue detenido, tras una orden de la Fiscalía, por una causa abierta por corrupción en el caso vinculado al Fondo Indígena, confirmó la ex ministra de Presidencia, María Nela Prada.
Según las informaciones suministradas, el exmandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Surgió durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro.
En el tiempo en que Arce fue ministro de Economía, según las indagaciones, presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
El llamado caso Fondo Indígena es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Bolivia. El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con el objetivo de financiar proyectos productivos en territorios rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a unos 460 millones de dólares.
El directorio del Fondo estaba conformado por varios ministerios, entre ellos el de Economía, encabezado entonces por Arce, y por organizaciones sociales afines al MAS. Esa estructura buscaba integrar representación indígena y campesina dentro del Estado, pero terminó generando un sistema con controles débiles y alta discrecionalidad en la asignación de recursos.
Las irregularidades comenzaron a documentarse en 2015, cuando la Contraloría General del Estado detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos, aproximadamente 10 millones de dólares. Auditorías posteriores ampliaron el universo de observaciones a más de 1.000 proyectos y elevaron el cálculo del perjuicio a más de 182 millones de dólares.
Los investigadores identificaron un patrón de desembolsos sin respaldo técnico ni financiero, pagos a cuentas personales de dirigentes y fraccionamientos contrarios a norma. También se detectaron proyectos aprobados pese a la ausencia de documentación básica o sin verificación de avance, lo que profundizó la crisis de credibilidad del Fondo y expuso debilidades estructurales en el manejo de recursos públicos.
El año 2014, un ciclo electoral clave para el oficialismo, agravó el cuadro. A pesar de que el Fondo enfrentaba deudas superiores a 310 millones de bolivianos, se autorizaron desembolsos por 575 millones. Diversas denuncias sostuvieron que parte de ese dinero habría sido utilizado para actividades políticas, como movilizaciones masivas, lo que incrementó la presión sobre el gobierno y motivó la intervención del Fondo al año siguiente.
El estallido del caso estuvo marcado por la denuncia interna del entonces director ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, quien alertó sobre proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su posterior procesamiento y muerte bajo custodia estatal provocaron un debate nacional sobre responsabilidades institucionales y sobre el uso político de la persecución penal.
La detención ocurre en un contexto de fuerte fractura dentro del Movimiento al Socialismo, dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y de Arce. La ofensiva judicial acentúa esa ruptura y reconfigura el escenario político boliviano en un momento de incertidumbre institucional, con múltiples causas abiertas ligadas a la gestión de recursos públicos durante el periodo de mayor hegemonía del MAS.
