Lo último
SANTO DOMINGO.- La imposición de 18 meses de prisión preventiva a los principales implicados en el caso Senasa ha generado una fuerte controversia en el ámbito jurídico nacional, reabriendo el debate sobre el alcance y la proporcionalidad de esta medida cautelar en procesos de corrupción de alto impacto.
La decisión, adoptada por el juez Rigoberto Sena, afecta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados, señalados por el Ministerio Público como parte de un presunto entramado de corrupción administrativa que habría defraudado a la institución con más de 15 mil millones de pesos.
Juristas consultados en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, ubicado en Ciudad Nueva, ofrecieron opiniones encontradas sobre la medida. El abogado Hirohito Reyes, representante legal de Germán Robles, exconsultor jurídico de Senasa, quien también fue enviado a prisión preventiva por 18 meses, anunció que el equipo de defensa evaluará la apelación del fallo, al considerar que no se configuran los presupuestos legales para esta coerción.
“Pero para imponer la prisión preventiva, que es la cual establece como excepción la Constitución, se circunscribe a las condiciones del artículo 138, que establece que se pueda obstaculizar la investigación, intimidar a la víctima, a los testigos, y en el caso de nuestros patrocinados ni de ninguno de los que estaban ahí se ve manifestado”, sostuvo Reyes.
Esta postura coincide con la de otros juristas que critican lo que consideran un uso excesivo de la prisión preventiva en los tribunales dominicanos. “Lo más sensato es que se cumpla la ley de manera proporcional; una persona que no se puede esconder en ninguna parte del mundo, ¿cuál es la necesidad de una prisión preventiva?”, cuestionó el abogado Nolasco Rivas.
No obstante, hay sectores del ámbito legal que defienden la decisión judicial. Para el abogado Juan Carlos Bobea, la naturaleza del caso justificaba una medida privativa de libertad. “Es que la especie lo conlleva a una privación de libertad, producto de que algunos pueden representar una amenaza en medio de la investigación, porque la investigación no ha terminado”, explicó.
En la misma línea, el abogado José Javier Bidó consideró que la prisión preventiva evitó un escenario de mayor tensión social. “De no haberse dado esa prisión preventiva sabemos el caos que se hubiera dado en el país; nosotros no somos partícipes del caos porque somos gente de paz, sin embargo ustedes vieron el caos que hubo ayer, creemos que el magistrado tomó una decisión sabia”, afirmó.
Por otro lado, también surgieron cuestionamientos sobre una posible influencia mediática en la decisión del tribunal. El abogado Ricardo Alcántara señaló que, a su juicio, otras medidas menos gravosas podían garantizar el proceso sin afectar el debido proceso. “Él no se va a distorsionar de ninguna manera ni con prisión preventiva, ni con garantía económica ni presentación periódica; en este tipo de casos que lleva el Pepca, si hay imputados que dan ejemplo de cómo comportarse, desde llegar a su audiencia, presentarse a firmar, son este tipo de ciudadanos; es decir, el juez dictó prisión preventiva por la gravedad del caso”, expresó.
Aunque el juez Rigoberto Sena dispuso el traslado de siete de los diez implicados a la cárcel de Najayo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que los imputados fueron llevados a la cárcel de Las Parras, donde permanecen recluidos todos los hombres vinculados al proceso.
