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República Dominicana.-La procuradora general de la República aclara que “el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los procesados por Operación Cobra, ni le ha otorgado criterio de oportunidad”.
“Reitero, ni tienen en estos momentos acuerdo de culpabilidad. El Ministerio Público reitera que contra los diez acusados va a ir por penas, que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de siete millones de afiliados y toda la sociedad dominicana”.
También aclaró la jefa del Ministerio Público que la medida de coerción “no es la pena, ni es la sanción”.
“La medida de coerción busca que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación, pero aquí lo importante es que el Ministerio Público, después de meses de investigación profunda, sin descanso; muchas de ellas trabajando de sol a sol, el equipo amaneciendo y sigue en ese mismo ritmo, y creo que en la medida se refleja ese gran trabajo”.
En ese orden dice que “el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de la investigación, pero contra estos diez acusados y otros más que habrán de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena, porque deben recibir condena”.
“Bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados los va a llevar con un trato de testigos. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir, cada uno de ellos, una sanción ejemplar, por el gravísimo daño que le ha causado a la sociedad dominicana”.
Reiteró que la salud es un derecho fundamental. “Nadie puede pensar, sin importar quien sea, que va a jugar con la salud del pueblo dominicano, y que éste Ministerio Público, no solo en este caso, sino que tiene más de cinco años trabajando sin descanso y llevando a decenas de personas acusadas de corrupción. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y reiteramos que aquí tiene que haber condena; condenas ejemplares, porque fueron hechos muy graves".
La coerción
Mediante su decisión, el magistrado Rigoberto Sena ordenó 18 meses de prisión preventiva para Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Francisco Iván Minaya Pérez; Germán Rafael Robles Quiñones; Rafael Luis Martínez Hazim; Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, pero que por asuntos de seguridad, fueron trasladados a Las Parras, en San Antonio de Guerra.
En tanto, el juez impuso prisión domiciliaria a Cinty Acosta Sención y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentarán el proceso bajo esta modalidad, conforme a lo dispuesto en la resolución judicial.
