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SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidario Participación Ciudadana presentó su balance del año 2025, destacando avances institucionales en distintas áreas del Estado, pero advirtiendo que persisten serios desafíos en materia de transparencia, justicia y lucha contra la corrupción, con el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los ejes más preocupantes del período.
Durante la evaluación, la organización vinculó el financiamiento irregular de las campañas electorales con prácticas de corrupción administrativa, señalando el caso que involucra a Senasa como un ejemplo emblemático del impacto que estos esquemas tienen sobre derechos fundamentales, como el acceso a la salud. En ese contexto, mencionó la figura de Santiago Hazim, exdirector de la entidad, recordando su rol político durante el pasado proceso electoral.
La coordinadora de la organización, Leidy Blanco, recordó que durante el periodo de campaña, Santiago Hazim fungió como coordinador nacional del movimiento “Sector Externo OLA”, seudónimo de Organización Luis Abinader.
La coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, sostuvo que este tipo de casos refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control sobre los recursos que se manejan en campañas políticas y en la administración pública.
Blanco señaló además que, aunque durante el año se produjeron algunas condenas y procesamientos impulsados por el Ministerio Público, el avance de los grandes expedientes de corrupción ha sido limitado, lo que mantiene la preocupación por la lentitud judicial, los constantes aplazamientos y el riesgo de que los casos queden sin sanción efectiva.
La dirigente aclaró que Senasa no es un hecho aislado, sino parte de un panorama más amplio que incluye la penetración del crimen organizado en la política, situación que —según afirmó— quedó evidenciada en estructuras del Partido Revolucionario Moderno durante el 2025, con casos que derivaron en procesos judiciales, extradiciones y condenas.
Pese a las críticas, Participación Ciudadana reconoció como logros la aprobación de nuevas normativas legales, avances en controles institucionales y decisiones judiciales que fortalecen derechos fundamentales. No obstante, reiteró que la lucha contra la corrupción sigue enfrentando obstáculos estructurales que impiden respuestas oportunas y eficaces.
Al concluir su balance, la organización insistió en que el país necesita acelerar los procesos judiciales, garantizar audiencias públicas en casos de alto interés nacional y evitar que la impunidad continúe debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
