SANTO DOMINGO. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, reiteró que la justicia constitucional accesible, efectiva y oportuna sigue siendo el objetivo principal de la función jurisdiccional de los jueces de esta alta corte. Afirmó que esto puede comprobarse a través de los resultados obtenidos durante el año 2025, con sentencias enfocadas en la protección de los derechos constitucionales.
Al pronunciar el discurso de rendición de cuentas de su gestión durante el año 2025, en la audiencia solemne realizada con motivo del decimocuarto aniversario del órgano jurisdiccional, el magistrado Estévez Lavandier recordó que, en el ámbito de la justicia constitucional, emitir una decisión de manera oportuna es una condición esencial para garantizar la eficacia y la legitimidad de la función jurisdiccional del TC.
Destacó que cuando la justicia constitucional interviene a tiempo, está cumpliendo con su cometido al evitar que los efectos de una norma inconstitucional se perpetúen o que una vulneración de derechos se vuelva irreparable.
«Por estas y otras muchas razones, es importante aclarar que en esta sede constitucional no se pospone el debate de los expedientes debido a su envergadura o controversia. Si ha habido alguna demora, ha sido la excepción necesaria para lograr los consensos de una mayoría calificada, sin que esto haya afectado nuestra capacidad de respuesta», destacó.
El presidente del TC informó que durante el 2025 esa alta corte emitió 1,812 decisiones en diversas áreas del derecho, correspondientes a 1,809 expedientes resueltos, superando el registro de 1,249 alcanzado en 2024, que hasta entonces era la cifra más elevada de la historia.
En 2025, la capacidad de respuesta del Tribunal Constitucional en cuanto a la resolución de expedientes recibidos fue del 99.3 %, cumpliendo así con las metas establecidas en el plan estratégico para reducir la mora judicial.
«Tal como anunciamos en la rendición de cuentas anterior, nos propusimos avanzar más allá de nuestras propias marcas institucionales, y hoy podemos afirmar con satisfacción que hemos cumplido con ese compromiso. Lo anticipamos: ¡hemos logrado superarnos!», enfatizó.
Entre los temas resueltos en 2025, destacan 646 en materia civil, 383 en penal, 442 en administrativa, 193 en inmobiliaria, 136 en laboral, 17 en materia electoral y 22 en internacional. Estas cifras son el resultado del esfuerzo conjunto y de la colaboración armoniosa que caracteriza al pleno de la sede constitucional.
«Somos conscientes de que algunos de estos fallos suscitaron controversia. Sin embargo, lejos de inquietarnos, asumimos esta situación como un signo de fortaleza democrática, adoptando el espíritu de Voltaire, quien en su célebre frase expresaba: “Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”», afirmó.
Agregó que «el Tribunal Constitucional continuará ejerciendo su función con independencia y firmeza, consciente de que defender la Constitución implica también salvaguardar el espacio democrático donde las ideas pueden debatirse libremente y donde el respeto, la razón y el derecho prevalecen como fundamentos de nuestra convivencia».
También agradeció a Dios por permitirle ser una parte esencial en el fortalecimiento y la construcción de la democracia constitucional de la República Dominicana, junto con los jueces que conforman el pleno de esa alta corte.
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El presidente del TC anunció el inicio de un proyecto entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, una iniciativa que permite la tramitación y remisión digital de los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
También destacó la continuidad y optimización de la plataforma Mi TCRD, así como la implementación completa de la firma digital cualificada.
Destacó que estos avances se enmarcan en el eje estratégico de transformación digital de los servicios, concebido como uno de los pilares fundamentales de nuestro plan estratégico institucional y como parte esencial de los objetivos establecidos para 2025, reflejados en el lema constitucional de una «justicia accesible, eficiente y digital».
En cuanto al fortalecimiento institucional, el magistrado Estévez Lavandier destacó que, para el período 2025–2028, esa alta corte ha puesto en marcha un ambicioso plan estratégico destinado a servir como eje rector de la gestión institucional, y que, desde su implementación, se ha convertido en una herramienta eficaz de planificación, ejecución y evaluación.
Explicó que esto incluye el primer Plan Anual de Compras y Contrataciones del TC, el cual está orientado a reforzar los procesos de adquisición para hacerlos más eficientes, debidamente planificados y alineados con los principios de legalidad, transparencia y uso racional de los recursos públicos.
