Lo último
SANTO DOMINGO.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y presuntos fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país.
La disposición abarca zonas como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde el Ministerio Público busca determinar si alegadamente se han cometido irregularidades que comprometan el patrimonio natural.
Para estos fines, Reynoso designó una fuerza de tarea especial coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El equipo está integrado por las procuradoras de corte Mirna Ortiz (titular de la Pepca), Francisco Contreras (Proedemaren), Ramona Nova (Anti-Lavado de Activos) y Ana Burgos (Unidad de Investigación Inmobiliaria), además de Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La instrucción ordena a los fiscales extender las investigaciones a todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad dentro de áreas protegidas.
El objetivo es determinar la posible existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que supuestamente hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural.
Asimismo, la Procuraduría dispuso que el equipo rinda, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Al motivar la medida, la Procuradora General sostuvo que la preservación de las áreas protegidas es clave para garantizar los servicios ambientales, hídricos y económicos del país.
El Ministerio Público explicó que esta acción forma parte de un reenfoque estratégico que busca tratar los delitos ecológicos con un nivel de rigurosidad similar al del crimen organizado, debido a su impacto potencialmente irreversible para las presentes y futuras generaciones.
