“La pobreza no es natural; es creada por el hombre.” Nelson Mandela
La sociedad dominicana posee una estructura de generación de riquezas e ingresos profundamente dispareja. De un lado, una híper minoría que sostiene una acumulación constante y acelerada; del otro, una parte de la población que hace malabares para sostenerse como clase media, y una gran mayoría que vive atrapada entre la informalidad, los bajos salarios y la falta de oportunidades reales de movilidad social.
Esa minoría, además de ostentar un patrimonio que ha crecido hasta volverse difícil de dimensionar, mantiene posiciones estratégicas dentro del engranaje económico y político del país.
Estos párrafos no pretenden constituir un estudio socioeconómico de la realidad dominicana. Son, más bien, un intento de llamar la atención sobre un fenómeno que se consolida con el paso del tiempo.
El desequilibrio se profundiza porque esa minoría no solo concentra capital: también concentra capacidad de decisión. Está presente en los sectores financieros, en los grandes proyectos de infraestructura, en las importaciones estratégicas, en los servicios esenciales y en los espacios donde se definen las reglas del mercado. Su influencia se extiende a los medios de comunicación, a los organismos de representación empresarial y a los círculos donde se negocian las políticas públicas.
No se trata únicamente de riqueza económica, sino de control estructural. Quien influye en el crédito, en la información, en la contratación pública y en la elaboración de leyes, influye también en las posibilidades de ascenso social del resto de la población.
En ese esquema, el mérito individual pierde fuerza frente al acceso a redes de poder. Las oportunidades no siempre se distribuyen según talento o esfuerzo, sino según cercanía a los centros donde se toman las decisiones. Así se reproduce un modelo donde las mismas élites económicas se proyectan sobre las élites políticas, judiciales y mediáticas.
Se ha ido consolidando una narrativa según la cual el éxito económico de unos pocos representa el éxito nacional, aunque una parte considerable de la población no perciba mejoras sustanciales en su calidad de vida. Se celebra el crecimiento, pero se silencian las brechas.
El dominio prolongado de estos grupos ha contribuido a configurar un sistema donde sus propios representantes ocupan posiciones clave: desde la presidencia de la República hasta los espacios donde se toman decisiones económicas, legislativas y regulatorias. La línea que separa intereses privados y decisiones públicas, con frecuencia, se vuelve difusa.
Si este modelo socioeconómico, repleto de inequidades, continúa perpetuándose, la población terminará por advertirlo con mayor claridad. Lo que hoy parece disperso o silencioso se irá revelando, porque las estructuras de privilegio dejan huellas visibles: en la concentración de oportunidades, en la desigualdad territorial, en el acceso desigual a la educación de calidad, en la justicia selectiva y en la limitada movilidad social.
Todo sistema excluyente necesita límites y contrapesos; de lo contrario, no se reforma: colapsa.
Nuestro país posee extraordinarios dotes naturales, una posición geográfica estratégica y una población emprendedora que ha demostrado capacidad de generar riqueza en condiciones adversas. Sin embargo, ese potencial solo se convierte en desarrollo cuando las reglas del juego permiten que el progreso se distribuya y no se estanque en los mismos círculos.
La sociedad dominicana merece transformar el modelo de creación y distribución de la riqueza. No basta con crecer; es imprescindible que el crecimiento se traduzca en oportunidades reales, instituciones imparciales y acceso equitativo a los beneficios del desarrollo. Solo entonces el progreso dejará de ser patrimonio de unos pocos y podrá convertirse en base de estabilidad social y democrática para todos.
