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Santo Domingo.– Un grupo de contratistas y proveedores del Estado dominicano, representado por los abogados Luis Ricardo y Erick Morrobel, de la firma Ricardo & Morrobel Consultores Legales, denunció este viernes que diversas instituciones públicas mantienen deudas acumuladas superiores a los RD$500 millones, correspondientes a obras y servicios realizados desde finales de la década de los noventa.
Durante una rueda de prensa, los juristas explicaron que algunas de estas obligaciones se remontan al año 1998, lo que ha generado un prolongado proceso de reclamaciones administrativas y judiciales sin resultados definitivos.
Los representantes legales señalaron que detrás de estas cifras hay ingenieros, arquitectos y contratistas que cumplieron con sus contratos y entregaron obras al Estado, pero que durante más de dos décadas no han recibido el pago correspondiente.
“Más allá de los números, estamos hablando de una tragedia humana. Muchos de estos profesionales comprometieron su patrimonio para ejecutar obras públicas, asumieron préstamos y hoy enfrentan consecuencias económicas, de salud y familiares derivadas de esta situación”, indicaron.
De acuerdo con lo expuesto, el proceso para reclamar estos pagos se ha visto afectado por obstáculos administrativos y judiciales, lo cual —según los abogados— ha generado dilaciones prolongadas que impactan el acceso efectivo a la justicia.
En ese sentido, cuestionaron que en diversos casos los expedientes hayan enfrentado decisiones de inadmisibilidad en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), aun cuando las deudas están certificadas por las propias instituciones públicas. Indicaron que, en múltiples ocasiones, estas decisiones han sido posteriormente revisadas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, lo que genera procesos que se prolongan durante años. Finalmente, cuando reciben el pago, los montos no se actualizan para compensar la devaluación, ni se otorgan indemnizaciones que realmente cubran los daños causados, principalmente de índole moral.
Asimismo, denunciaron que los procedimientos administrativos para el reconocimiento y pago de estas obligaciones dentro del Ministerio de Hacienda se han convertido en un proceso altamente burocrático, que exige repetidamente documentación que ya forma parte de los expedientes o que resulta difícil de obtener debido al paso del tiempo.
Otro de los puntos señalados fue la situación que enfrentan algunos contratistas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Según explicaron, para que el Estado pueda efectuar pagos, se exige una certificación de cumplimiento tributario. Sin embargo, muchos acreedores no pueden regularizar su situación fiscal precisamente debido a la falta de pago de las facturas emitidas al propio Estado.
"Se genera un círculo vicioso en el que el Estado es simultáneamente deudor y autoridad que condiciona el pago", expresaron. Ante esta situación, los representantes legales hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades financieras para que se cree una mesa de resolución de deudas.
