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SANTO DOMINGO, RD.- Una jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los cinco hombres acusados de la muerte a tiros del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años, en un hecho ocurrido el 5 de abril, en la avenida San Martín, en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.
La magistrada Sofía Bruno dispuso la medida tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que presentó evidencias que vinculan a los imputados con el homicidio. Indica una nota de prensa del órgano acusador.
Los acusados Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte y José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia), cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras que Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro o Motro) y Yoel Hernández Jiménez (Joel) fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.
De acuerdo con el expediente, el oficial se desplazaba en una motocicleta Honda CBR600RR y se detuvo a revisar su teléfono celular, momento en que fue interceptado por los imputados, quienes se trasladaban en tres motocicletas.
Las autoridades establecen que José Miguel Guillermo de Jesús y Yoel Hernández Jiménez, portando armas de fuego, intentaron despojarlo de sus pertenencias. Al intentar repeler la acción, el agente fue impactado por múltiples disparos que le ocasionaron la muerte.
El hecho fue captado por cámaras de vigilancia y presenciado por un testigo, lo que permitió identificar a los involucrados.
Durante la investigación, agentes policiales ocuparon prendas de vestir, motocicletas y una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada en el crimen.
En el caso también figura Yeison Nivar Pérez (Mandrake), quien murió ultimado por la Policía tras presuntamente enfrentar a agentes de la entidad que acudieron a apresarlo.
Los imputados fueron arrestados entre el 5 y el 7 de abril mediante órdenes judiciales, tras entrega voluntaria.
El Ministerio Público ha calificado el caso como asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, además de violaciones a la Ley 631-16 sobre armas.
