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Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana lamentó que, después de dos meses desde el inicio de la crisis provocada por los conflictos en el Oriente Medio, el Gobierno dominicano no haya presentado un plan serio que permita al país enfrentar adecuadamente los efectos negativos que dicha crisis ha provocado y seguirá provocando en la economía nacional.
Jhonny Pujolz, secretario general del PLD, expresó que, por el contrario, a partir de los reclamos de diversos sectores políticos y sociales para que se presente un plan de austeridad gubernamental, es ahora, de manera tardía, cuando se presentan unos lineamientos muy generales y vagos que no resolverán el problema.
Destacó que, frente a la actual coyuntura internacional, se intenta establecer en la opinión pública un falso dilema: que la solución se limita a recortar el financiamiento a los partidos políticos.
"El gobierno admite que necesita entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfrentar la crisis. La única medida que presenta con mayor énfasis mediático y con cifras reales es la que consiste en recortar nuevamente el financiamiento público legal a los partidos políticos", señaló.
Indicó que las demás medidas propuestas son una serie de enunciados generales, algunos con un tono poético y con matices de redacción propios de la inteligencia artificial.
Argumentó que ese planteamiento no es serio, ya que no resuelve el problema, y afirmó que nadie está en contra de la austeridad. Todo lo contrario, la austeridad, cuando es genuina, es una obligación en la gestión pública. Sin embargo, no puede ser solo un discurso; debe ser una práctica coherente, verificable y sostenida a lo largo del tiempo.
Afirmó que este gobierno ha tenido múltiples oportunidades para demostrar coherencia. Ha emitido decretos de austeridad que no ha cumplido y, en la práctica, el gasto público no se ha reducido.
Por el contrario, observamos que el gasto sigue siendo elevado y está mal orientado.
En ese contexto, proponer un recorte adicional del 50% al financiamiento de los partidos políticos no constituye una política de austeridad. Es una medida superficial que no afecta el problema fiscal y desvía la atención del verdadero despilfarro de los recursos públicos, dado que dicho monto representa mucho menos del 2% del presupuesto que se afirma necesitar.
Eso no es un plan de austeridad; es un engaño con tintes políticos.
El gobierno de Luis Abinader y el PRM ha intentado limitar los recursos de los partidos de oposición desde 2020, cuando presentó un presupuesto nacional para 2021 que reducía el monto asignado a los partidos políticos. Más grave aún, desde 2022 ha estado violando la Ley de Partidos al asignar en los presupuestos partidas inferiores a la mitad de lo que establece dicha ley.
Para que la sociedad dominicana esté debidamente informada, la ley establece que, en años no electorales, los partidos políticos deben recibir el 0.25% de los ingresos nacionales. Este porcentaje responde a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia política, evitar que los intereses empresariales se adueñen de los partidos a través del financiamiento privado y fortalecer la institucionalidad democrática, cerrando, además, el paso a posibles financiamientos espurios del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
No obstante, en 2022, en el contexto de la crisis derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia, el gobierno redujo el financiamiento aproximadamente a la mitad. Es decir, en lugar del 0.25 %, solo asignó en el presupuesto de ese año el 0.125 % de los ingresos nacionales. Esta reducción se justificó como una medida excepcional que se ha mantenido en el tiempo, pero sentó un precedente institucional muy negativo, ya que abrió la posibilidad de que, a través del presupuesto, se incumplieran los montos asignados según otras leyes.
Desde 2022, el gobierno ha estado asignando, en términos reales, la mitad de lo que establece la ley. Ahora, su intención es reducir el financiamiento a apenas un 0.0625%, lo que representa una cuarta parte del monto originalmente fijado por la ley. Este no es un ajuste menor, ya que disminuye drásticamente la capacidad de acción de los partidos de oposición, los cuales son un contrapeso necesario en toda democracia.
No es un hecho aislado; como podemos observar, se inscribe en un patrón de comportamiento. La reducción del financiamiento partidario y la expansión del aparato estatal, combinadas, crean condiciones de competencia desleal.
Los partidos políticos no son un gasto accesorio; son instrumentos fundamentales de la democracia. Reducir sistemáticamente su capacidad operativa implica, en la práctica, limitar la competencia política.
Para que haya una democracia sólida, es necesaria una competencia política real.
Además, debilitar el financiamiento público abre la puerta a una mayor dependencia de recursos privados, lo cual distorsiona la representación política. Por lo tanto, este no es un debate sobre los partidos, sino sobre la necesidad de frenar el despilfarro gubernamental de los recursos públicos.
Si el Gobierno quiere hablar en serio sobre la austeridad, debe comenzar por abordar el problema real. El país necesita un plan auténtico, no medidas simbólicas ni populistas. La austeridad no se anuncia; se practica en el día a día, y empieza por el propio Gobierno.
El PLD no cederá ante el chantaje. Sabemos cómo empieza el autoritarismo y cómo termina ese camino. El PLD ha propuesto un plan serio y fácil de implementar para abordar la crisis, y hoy elevamos la apuesta: si el objetivo es la austeridad, presentamos un plan de austeridad real que este gobierno no tiene el valor de llevar a cabo.
Primero — reducción de la nómina pública improductiva y publicación inmediata y completa en los portales del Estado de todos los salarios, incluidos los contratos de servicios que se han mantenido ocultos.
Desde 2020, la nómina pública ha aumentado en más de RD$144,000 millones, no en servicios al ciudadano, sino en incrementos salariales, garantías de privilegios y lujos para funcionarios que, en muchos casos, no aportan ningún beneficio verificable para el país.
Segundo — Congelar de inmediato todas las declaraciones de compras de emergencia. Las compras de emergencia se han convertido en el principal mecanismo para evadir la Ley de Compras. Se debe implementar una suspensión total mientras dure la crisis, sin excepciones.
Tercero — Congelar los programas sociales que no estén vinculados al SIUBEN y publicar la lista completa de beneficiarios. Además, proporcionar datos sobre los avances de la investigación en los escándalos de corrupción en SENASA, en el sector de Educación, y en la distribución de los bonos navideños y de otros tipos.
Cuarto — Reducir en un 50% las dietas, los gastos de representación y los bonos de los funcionarios. Si se gastaron RD$1,037 millones en dietas en un solo mes, reducirlos a la mitad liberaría más recursos que los que se les quitan a todos los partidos en un año.
Quinto — Eliminar completamente el gasto en eventos, actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable del Estado. Eso no es un gasto del Estado; es el festín de un partido.
Sexto — Suspender de inmediato la práctica de otorgar pensiones especiales, comenzando por revisar todas aquellas que superan los RD$100,000 mensuales a personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen con los criterios establecidos por la ley.
Es una burla: mientras el dominicano promedio trabaja jornadas extraordinarias sin poder cubrir la canasta básica ni pagar los servicios esenciales, el gobierno concede pensiones de lujo a militantes y aliados políticos.
Séptimo — Desarrollar un plan vinculante con metas trimestrales para reducir las pérdidas eléctricas de las distribuidoras, que actualmente son del 41 %, al 25 % en un plazo de 18 meses, bajo la supervisión de una interventoría independiente.
Octavo— Realizar una auditoría forense independiente para determinar el destino de los US$775 millones del contrato de AERODOM. Los resultados se harán públicos en 60 días y se aplicarán consecuencias penales si corresponde. Ese dinero pertenece a todos los dominicanos.
En conjunto, estas ocho medidas representan más de 400 veces el presupuesto total de los partidos políticos. Que alguien le explique al país por qué no empezar por aquí, en lugar de por algo tan marginal y económicamente limitado, si el objetivo no es puramente político.
