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  • Por: Nino Germán Pérez
  • martes 16 junio, 2026

Equipo de Recuperación del Patrimonio Público valora sentencia contra alta cúpula militar en los casos de Coral y Coral 5G

El tribunal también ordenó pagar una indemnización de cinco mil millones de pesos al Estado, siendo la más alta otorgada en un caso de corrupción pública. Las juezas reconocieron el daño al Estado.

SANTO DOMINGO.- El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) de República Dominicana, valoró como positiva la sentencia contra los principales imputados en los casos Coral y Coral 5G, tres de los cuales fueron condenados a veinte años de cárcel.

El doctor  doctor Fernando P. Henríquez, jefe del equipo, dijo que por primera vez una cúpula militar activa es condenada por los tribunales de República Dominicana.

Tambien dijo que es positiva la sentencia sobre la indemnización  de cinco mil millones de pesos que los condenados deben pagar al Estado dominicano.

“Es la indemnización mas alta que se ha otorgado a favor de una víctima en un caso de corrupción pública”, dijo el jurista.

Manifestó que las juezas que condenaron a los altos militares reconocieron que hubo un daño reputacional contra el Estado dominicano.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.

Los principales condenados son el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del mismo organismo; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur).

Cáceres y Torres Robiou fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.

Mientras que De Aza fue condenado por los delitos de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el estado, enriquecimiento ilicito y lavado de activos agravado.

La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso juicio en el que el Ministerio Público presentó de pruebas documentales, periciales y testimoniales.El fallo fue emitido a partir de las 2:22 de la madrugada del martes. La lectura de la sentencia comenzó a las 3:00 de la tarde del día anterior.

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