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  • Por: Nino Germán Pérez
  • miércoles 17 junio, 2026

Conocen hoy coerción a imputados en red de extorsión y lavado de activos detectada mediante operación XL526

La defensa de los acusados cuestiona la falta de pruebas sólidas y víctimas identificadas, argumentando la carencia de documentos que vinculen a sus clientes con las acusaciones del Ministerio Público.

Santo Domingo.- La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este miércoles  la medida de coerción contra 10 imputados acusados de integrar la presunta red criminal desmantelada mediante la operación XL526.

La última suspensión de la audiencia se debió a presuntas cargas laborales que enfrenta el tribunal, cuya sala opera en jornadas matutinas y vespertinas, lo que según se explicó, dificulta la continuidad del proceso junto a otros casos en agenda.

Con este aplazamiento, el expediente suma dos suspensiones previas y una interrupción durante la audiencia, prolongando la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

Durante la jornada, el órgano acusador concluyó la presentación de la solicitud de coerción mientras varios abogados de la defensa expusieron sus argumentos en favor de los imputados.

La defensa cuestionó la consistencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El abogado Elvin Domínguez sostuvo que el expediente carece de víctimas plenamente identificadas y aseguró que no existen documentos que permitan individualizar a las personas que alegadamente fueron afectadas por las acciones atribuidas a la organización.

“No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”, manifestó el jurista ante el tribunal.

Asimismo, Domínguez puso en duda parte de las evidencias obtenidas durante allanamientos realizados en 2024, argumentando que algunos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.

De su lado, el abogado José Reinoso afirmó que parte de los señalamientos del Ministerio Público se sustentan en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin la presentación de documentos originales que establezcan una relación directa entre los acusados y las presuntas víctimas.

“No existe una prueba vinculante que demuestre que alguno de los acusados realizó transferencias o participó directamente en los hechos que se le imputan”, expresó.

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