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Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana afirmó que la modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos vuelve a reflejar que el gobierno quiere imponer reformas económicas y sociales sin alcanzar un consenso.
Consideró preocupante que el Gobierno y la mayoría congresual del PRM sigan impulsando reformas de alto impacto sin construir los consensos necesarios, sin escuchar a las instituciones responsables, a los sectores involucrados ni presentar los estudios técnicos que justifiquen sus decisiones.
Indica que, apenas un año después de promover y promulgar la Ley 98-25, el propio Gobierno está impulsando una nueva reforma, reconociendo, de hecho, que la legislación anterior necesitaba correcciones.
Afirma que, no obstante, se repite el mismo procedimiento: una aprobación acelerada en el Senado mediante un trámite de urgencia, sin estudios especializados suficientes y sin un proceso amplio de consulta.
El PLD recuerda que el 23 de junio de 2025 expresó públicamente su posición respecto a la reforma de la Ley 225-20.
Señala que en esa ocasión advertimos que la iniciativa contenía disposiciones que limitaban las competencias de los gobiernos locales. Planteamos la necesidad de preservar la libre competencia y la libertad de empresa, y propusimos que las contribuciones ambientales fueran proporcionales, progresivas, vinculadas a metas verificables y sustentadas en bases técnicas.
Sostiene que ninguna de esas recomendaciones fue incorporada en la Ley 98-25 promulgada. Hoy, apenas un año después, el Congreso vuelve a modificar la misma ley, lo que confirma que el problema nunca fue la ausencia de advertencias, sino la falta de disposición del Gobierno para escuchar.
“Precisamente, ese ha sido el compromiso del Partido de la Liberación Dominicana. Desde el inicio de nuestras ruedas de prensa, hemos asumido una oposición responsable, presentando propuestas, formulando recomendaciones y señalando alternativas que contribuyan a mejorar las políticas públicas y el bienestar colectivo”, manifiesta.
Reconoce que el nuevo proyecto busca corregir parcialmente algunos problemas de proporcionalidad de la reforma anterior al establecer una escala de contribuciones más gradual.
Sin embargo, entiende que una política ambiental no puede medirse únicamente por lo que recauda; debe evaluarse por su capacidad para reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y producir resultados ambientales verificables.
El PLD considera que el principio de que quien más contamina debe contribuir más constituye un criterio correcto de política ambiental.
Sin embargo, ese principio solo puede aplicarse cuando hay información verificable que permita identificar quién genera realmente mayores volúmenes de residuos y cómo distribuir las contribuciones de manera objetiva, proporcional y transparente.
De lo contrario, utilizar exclusivamente el nivel de ingresos como criterio puede generar distorsiones entre la capacidad económica de una empresa y su impacto ambiental real.
