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República Dominicana.-El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, expresó preocupación por varios artículos del Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, al considerar que contienen ambigüedades y disposiciones que podrían afectar gravemente la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos.
Al responder a los periodistas luego de una rueda de prensa, Pujols recordó que el PLD ha advertido en distintas ocasiones sobre iniciativas legislativas que procuran limitar el ejercicio de la comunicación y el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones.
Señaló que, desde el año 2024, con la denominada Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el partido había manifestado su rechazo a las disposiciones que obligaban a periodistas y medios de comunicación a revelar sus fuentes.
Recordó que el PLD, junto a otras organizaciones, acudió al Tribunal Constitucional para procurar que esa disposición fuera dejada sin efecto.
“En ninguna democracia fuerte se castiga con prisión los delitos de opinión”, afirmó el dirigente político, tras reiterar que algunos artículos del Código Penal podrían ser utilizados para perseguir o intimidar a ciudadanos, periodistas y comunicadores.
Pujols cuestionó que se mantenga la figura del ultraje para proteger a funcionarios judiciales, al entender que esa disposición invierte la lógica de un sistema democrático.
“A quien usted debe proteger es al ciudadano, no al funcionario. El funcionario tiene poder y no se le debe construir un escudo legal”, manifestó.
Advirtió, además, que calificar como ultraje las expresiones consideradas ofensivas constituye una formulación demasiado amplia y ambigua, debido a que una afirmación verdadera puede resultar ofensiva para una persona y no por ello deja de ser cierta.
El secretario general del PLD sostuvo que el Congreso debió conceder más tiempo para examinar la gran cantidad de propuestas y observaciones formuladas por organizaciones de la sociedad civil, abogados, médicos y profesionales de distintas áreas.
También reiteró la preocupación del partido por el artículo 173, relativo a las sanciones contra empresas por trato discriminatorio o vejatorio, porque, según explicó, el texto no define claramente las conductas que serían penalizadas y podría ser aplicado de manera inadecuada.
Asimismo, hizo referencia al artículo 141, que, según indicó, reduce el plazo de prescripción de los delitos relacionados con abusos sexuales contra menores.
“Entendíamos que debía darse más tiempo. Lamentablemente, el PRM tiene mayoría y ha estado utilizando esa mayoría”, declaró Pujols, quien precisó que varios dirigentes del PLD y la propia Secretaría General habían expresado públicamente esas inquietudes.
Confirmó que los diputados del PLD no votaron a favor de la reciente aprobación del Código Penal y explicó que las discusiones anteriores se habían desarrollado en un contexto distinto, antes de que fueran presentadas las actuales observaciones.
Indicó que durante aproximadamente un año el Congreso recibió propuestas y recomendaciones, por lo que la etapa final de discusión debía utilizarse para escuchar a la sociedad e incorporar los planteamientos que resultaran pertinentes.
“Este era el momento para escuchar a la ciudadanía y estudiar todas las preocupaciones y propuestas presentadas por organizaciones y profesionales. No ha sido así”, lamentó.
Pujols concluyó señalando que todavía existe la posibilidad de revisar las disposiciones cuestionadas antes de que produzcan consecuencias negativas para la libertad de expresión y los derechos ciudadanos.
