Lo último
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó este lunes una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 310 del nuevo Código Penal, al considerar que su redacción vulnera el libre ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa.
El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó que la impugnación se presenta de manera preventiva, debido a que el Código Penal aún no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo, y cuestionó que la nueva versión del artículo haya sido incorporada durante el proceso legislativo sin haber formado parte de los debates previos.
Potentini sostuvo que el nuevo artículo 310, que tipifica el "ultraje en el ámbito jurisdiccional", contiene conceptos ambiguos y abiertos que, a su juicio, permiten sancionar con penas de 15 días a un año de prisión expresiones, gestos, escritos o mensajes dirigidos contra jueces, fiscales, peritos y demás integrantes del sistema de justicia.
Según el presidente del CARD, esa disposición limita las prerrogativas de los abogados durante el ejercicio de la defensa, al punto de afectar actuaciones propias del proceso judicial, como la recusación de un juez, al considerar que cualquier cuestionamiento podría interpretarse como una ofensa sancionable.
Asimismo, afirmó que el alcance del artículo no se limita a las salas de audiencia, sino que podría extenderse a pasillos de los tribunales, secretarías e incluso dependencias del Ministerio Público, debido a la amplitud con que está redactada la norma.
Ante esa situación, el gremio solicitó al presidente Luis Abinader que, antes de promulgar el Código Penal, lo devuelva al Congreso mediante observaciones para corregir el artículo 310 y otros aspectos que también están siendo evaluados, entre ellos los artículos 29, 173, 335 y 338.
Mientras el Tribunal Constitucional conoce la acción, el Colegio de Abogados también pidió la suspensión provisional de la aplicación del artículo 310, al advertir que su entrada en vigencia podría perturbar el ejercicio profesional de los abogados en los tribunales del país.
Pese a las críticas, Potentini aclaró que el gremio respalda la modernización del Código Penal y reconoce que la nueva legislación contiene avances importantes, aunque insistió en que el artículo 310 representa un retroceso incompatible con un Estado social y democrático de derecho.
