República Dominicana.-con canciones, danzas y pancartas varias organizaciones de la provincia Hermanas Mirabal demandaron frente a la Suprema Corte de Justicia de manera cívica que a quienes incurran en violencia de género se les imponga prisión preventiva.
Según la directora del Centro Jurídico para la Mujer Clara Liz Garcia, la práctica de imponer garantía económica a los agresores de las mujeres motiva a que las víctimas no denuncien los casos de violencia.
A las exigencias hechas a la Suprema Corte de Justicia se sumó María Mercedes Ortiz alcaldesa de Salcedo, quien destaca la gran cantidad de mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia de género.
El reclamo de las organizaciones se extiende también al Ministerio Público para que no pidan garantías económicas como medida de coerción cuando se trate de agresión a las mujeres.