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El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general William Kaliman, dijo que el presidente Evo Morales debería renunciar para pacificar el país, pocos después de que la OEA pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre.
Las Fuerzas Armadas también exhortó “a todos los ciudadanos movilizados a deponer actitudes violentas”, dijo Kaliman en una declaración de prensa.
Poco antes, el comandante de la policía, general Yuri Calderón, ordenó a los policías que se han replegado a sus cuarteles en protesta contra el gobierno salir a las calles para repeler a los grupos armados supuestamente oficialistas y para evitar vandalismo.
El ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez se convirtió en el segundo miembro del gabinete del presidente Evo Morales que renuncia en medio de la profunda crisis tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre.
El primero en dimitir fue el ministro de Minería, César Navarro. Ambos dijeron que son su medida buscan ayudar a la pacificación del país tras semanas de mortales protestas que exigen la renuncia de Morales y nuevas elecciones. Las renuncias se dan en el día que Morales convocó a nuevos comicios después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) dijera en un informe preliminar que observó serias irregularidades en los resultados, que abrieron el camino al mandatario para una nueva reelección.
Más temprano, la Central Obrera Bolivia (COB) –aliada del presidente Morales– pidió al mandatario “escuchar al pueblo” que está en las calles.
La Fiscalía General de Bolivia anunció el inicio de acciones legales en contra de los jueces del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestos “actos electorales ilícito”, podo después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijera en un informe preliminar que observó vicios e irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en que la oposición denunció fraude.
La Fiscalía señala que la OEA apunta a la “presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y/o electorales”, por lo que ordenó el “inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores.
