“Esta medida de excepción, prevista por nuestra Constitución, otorga facultades extraordinarias al Jefe de Estado para tomar todas las decisiones necesarias para combatir la propagación del COVID-19. Pero estas facultades excepcionales no fueron aprovechadas por el Gobierno de la forma más oportuna posible para decidir y ejecutar el conjunto de políticas públicas necesarias para romper la cadena de contagio”, enfatizaron.
