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SANTO DOMINGO, RD.- La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19) continúa ampliando el paquete de medidas para mitigar los efectos de la pandemia en República Dominicana desde las dimensiones sanitaria, económica, social y normativa.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en su calidad de coordinador de la Comisión, precisó que, a la fecha, se han realizado unas 6,463 visitas domiciliarias a pacientes de COVID-19, dándole seguimiento presencial y telefónico y entregándoles los medicamentos indicados.
“Para reforzar nuestro inventario de medicamentos, se han adquirido 1 millón de tabletas de hidroxicloroquina luego de un proceso de compras realizado por PROMESE, y hace varios días se adjudicó una segunda compra igualmente por 1 millón de tabletas, con lo cual se asegura tratamiento para 100,000 personas”.
Gustavo Montalvo destacó que el Gobierno ha recibido donaciones del sector privado de unos 8 mil tratamientos adicionales.
“También, para las pruebas del coronavirus hemos realizado procesos de compras públicas y donaciones privadas”, agregó el funcionario.
En ese contexto, recordó que todos los pacientes dominicanos tienen acceso gratuito a la prueba, gracias a los recursos liberados del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), independientemente de si la prueba se realiza en el sistema público o en los laboratorios privados.
“En cuanto a nuestro plan de ampliación de las camas hospitalarias para atención del COVID-19, hasta la fecha, se han habilitado unas 2,856 camas en todo el país”, afirmó Montalvo.
Detalló que de esas camas hay una ocupación de unas 563, por lo que se tiene disponibilidad de 2,293 camas para recibir nuevos pacientes de los 150 centros habilitados para COVID-19 en todo el territorio nacional.
Estimó que se han dispuesto unos 133 ventiladores para los pacientes de COVID 19, de los cuales al cierre de este mes se han utilizado unos 40, estando disponibles unos 93 ventiladores.
En el ámbito sanitario, también resaltó la coordinación de las instituciones para asegurar la disponibilidad y calidad del agua, señalando que el agua no solo es imprescindible para la vida diaria sino también para mantener la higiene necesaria para controlar la propagación del COVID-19.
“Por eso la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) trabaja en coordinación con los ministerios de Defensa y de Obras Públicas en la desinfección de los espacios públicos y privados del Gran Santo Domingo y muchas otras ciudades del interior, destacando las zonas vulnerables”, precisó.
Puntualizó que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), por su parte, ha ido ejecutando un plan de continuidad del servicio con el objetivo de mantener la operación de 243 acueductos en todo el país con una producción en marzo de casi 48 millones de metros cúbicos al mes.
“Se siguen también realizando de manera intensiva los operativos de limpieza y desinfección en todas las plantas de tratamiento de agua potable en municipios como San Francisco de Macorís, Monte Plata, Sabana Grande de Boya, Las Matas de Farfán, San Cristóbal, Rancho Arriba, Sabana Larga, Juan Luis – Los Arroyos, Monte Negro, entre otros”, enfatizó el funcionario.
Expresó que en las distintas comunidades donde por alguna razón existe deficiencia del servicio se ha dispuesto la distribución del agua potable a través de 181 camiones cisternas, asegurando que todos los ciudadanos estén abastecidos siempre.
Indicó que de manera simultánea, para mitigar el impacto de la pandemia en el campo dominicano, proteger a los productores y seguir asegurando el abastecimiento de la canasta alimenticia, el Banco Agrícola (Bagrícola) renegociará y reestructurará, a partir de esta semana, los préstamos de todos los beneficiarios afectados, fijando los plazos necesarios, según sus capacidades y garantías, de hasta 12 años para el pago.
“Esta disposición toma en cuenta la fijación de cuotas periódicas de acuerdo con los renglones productivos, el período de recolección o tiempo de salida de los bienes de las empresas agropecuarias, y el flujo de ingresos previstos en la actividad productiva”, explicó.
El coordinador de la Comisión de Alto Nivel Para el Control del Covid-19 dijo que asimismo se toma en cuenta la capacidad de pagos y los excedentes que pueda generar el negocio de manera que le permita mantener su calidad de cliente, la seguridad de su familia y la estabilidad de sus empresas.
Anunció que el programa de reestructuración de la Cartera Crediticia que se ha dispuesto, con la aprobación del Directorio del Banco Agrícola para los sectores indicados, se ampliará, según la actividad, hasta un plazo máximo de 12 años, para los préstamos vigentes.
Agregó que los nuevos proyectos de desarrollo se financiarán a los mismos plazos, y en los casos que fueren necesarios, se podrá llegar hasta los 15 años, teniendo como base la existencia de garantías sólidas, preferiblemente hipotecarias y que el Banco Agrícola ajustará sus tasas de interés hasta un máximo de 8% anual.
“Además, con estas nuevas políticas de flexibilización del crédito del Banco Agrícola, priorizará los financiamientos de tecnologías como los sistemas de fertirrigación, que permitan un cambio en el modelo de riego tradicional de inundación, por uno más eficiente en el uso del agua”, apuntó Montalvo.
Informó que, para atender todas estas necesidades, también se ha dispuesto que el Banco Agrícola reciba nuevos recursos para atender el incremento en la demanda de crédito de los sectores productivos.
Al referirse a la ampliación por 17 días del estado de emergencia, contados a partir de este viernes, y del toque de queda hasta el 17 de mayo, reiteró que “continúan vigentes todas las demás restricciones establecidas”.
“Insisto, no podemos tomar a la ligera las precauciones ante esta pandemia para la cual aún no existe vacuna ni otro medio de prevención que no sea, sencillamente, evitar el contagio”, recordó.
En ese contexto, y debido a que el próximo fin de semana es largo con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, sostuvo que se mantienen todas las medidas de distanciamiento social y no aglomeración de personas.
“Y estas disposiciones son aplicables también a recintos vacacionales privados, así como urbanizaciones o residencias de veraneo. Continúan igualmente clausurados los balnearios públicos, playas o piscinas, así como los traslados vacacionales”, informó el influyente ministro.
El ministro de la Presidencia también informó que el gobierno dominicano ha remitido al Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral que preside el senador Luis René Canaán, su tercer informe sobre las medidas adoptadas durante el estado de emergencia para combatir el COVID-19, que detalla el conjunto de medidas adoptadas.
“De esta forma, el gobierno dominicano da fiel cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales, específicamente el artículo 29 de Ley núm. 21-18 que regula los estados de excepción”, dijo.
Señaló que, además de estos informes remitidos al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo ha procurado comunicar sobre la declaratoria del estado de emergencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, así como de la propia Ley que regula los estados de excepción.
