República Dominicana.-La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre afirman que la decisión dictada contra su defendido fue fruto, no de la aplicación de la ley, sino del miedo de la juez a ser condenada por una sociedad que había sido prejuiciada y condicionada por el Ministerio Público, desde antes de la primera audiencia, convirtiéndolo en culpable hasta demostrar lo contrario.
Romer Jiménez en nombre de la defensa del implicado en caso Coral asegura que la Jueza de la instrucción del Distrito Nacional Kenya Romero ordenó encerrar a Cáceres de manera preventiva durante año y medio, sin siquiera referir elemento alguno para presumir que éste intentaría sustraerse del proceso u ocultar pruebas.
Precisó que el Ministerio Público presentó miles de páginas de documentos en apoyo de su solicitud de medidas de coerción, los cuales recopiló mientras el imputado se encontraba en libertad y consciente de que estaba siendo investigado.
Sostuvo que no tiene ninguna lógica pedirle a un juez que lo encierre para evitar que oculte y destruya pruebas, ya que el mismo se mostró siempre dispuesto a colaborar con la investigación que se ejecutaba en su contra.
Destacó que la presunción de inocencia se destruye con un veredicto de culpabilidad, apoyado en pruebas que ni siquiera se le permitió a la defensa refutarlas como se debe hacer en un debido proceso de ley.
Manifestó que en ese proceso primó mas el sensacionalismo de un mercadeo judicial donde primero se busca condicionar a la opinión pública sobre la culpabilidad del imputado basadas en falsas pruebas, las cuales serán desmontadas en su debido momento.
Dijo que acciones como estas donde a un imputado se le desconocen sus derechos a una legétima defensa se le termina haciendo daño a la lucha contra la corrupción de la que ellos están muy de acuerdo para adecentar el manejo de las cosas públicas.
Explicó que Adán Cáceres ofreció documentos que prueban el origen de su patrimonio y el Ministerio Público se negó a recibirlos dando a entender que no había interés en que el acusado pruebe la forma en la que adquirió los bienes que posee.
Calificaron de insólito que el Ministerio Público dijera que el desfalco al Estado Dominicano alegadamente cometido por Adán Cáceres mientras fungió como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el período 2012-2020, fuera de 3 mil millones de pesos.
Entiende que inobservaron con la intención de explotar el sensacionalismo, que esos recursos representan la totalidad de los fondos asignados al CUSEP en los 8 años investigados.
Sostuvieron que el MP requirió al señor Cáceres para comparecer al PEPCA y ser cuestionado sobre su patrimonio, respondiendo este a todas las preguntas que les formularon los licenciados Yeni Berenice y Wilson Camacho. No hubo en esas entrevistas una sola cuestión que no fuera claramente explicada lo que indica que ya estaba la determinación de apresar a su defendido.
La Defensa de Adán Cáceres destacó que durante los interrogatorios no se produjo ninguna interrupción por parte de los abogados que les acompañaban, pues él afirmó que más que estar en disposición de responder sin reservas, estaba en la obligación de hacerlo.
Precisaron que todo el tiempo su defendido manifestó que no tenía razones para ocultar nada y que podía explicar cualquier duda que existiere en torno al hecho de que se le acusaba.