Finjus solicita investigar dominicanos con fortunas no puedan justificar

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, recomendó a las autoridades investigar las grandes fortunas que poseen de manera injustificada algunas personas en el país. 

Castaños Guzmán con estas declaraciones respalda el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos, James Brewster, quien expresó que la corrupción permea las instituciones dominicanas, impidiendo el crecimiento económico del país y la inversión extranjera.

“En este país hay más ricos que empresarios, eso llama la atención”, afirmó, al solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República, cumplir su rol de reguladores.

Dijo que la DGII tiene que ser más activa, para investigar la cantidad de ricos que no pueden justificar el dinero que tienen, y ser una de las principales herramientas para combatir la corrupción.

Sostuvo que Brewster no expresó nada que instituciones como Finjus no hayan denunciado y llamó a los empresarios a respaldar la preocupación del diplomático, para que la inversión extranjera, que tiene gran parte de la nómina local, no se aleje.

Al ser entrevistados sobre el discurso del embajador ante la Cámara Americana de Comercio, tanto Castaños Guzmán como Cándido Mercedes, coordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), y el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, manifestaron que en todos los países del mundo hay corrupción, pero señalaron que el gran problema de República Dominicana es la impunidad.

“La impunidad es la madre de la corrupción, la cual daña la institucionalidad y afecta la inversión”, enfatizó Mercedes, quien señaló que en el país lo informal está por encima de la institucionalidad.

Afirmó que desde hace más de 20 años Participación Ciudadana ha advertido que la corrupción deteriora el clima de inversiones, y precisó que empresarios de países que se rigen por un código de ética no invierten en el país, por miedo a ser víctimas de soborno y extorsión.