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SANTO DOMINGO, RD.- La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el general Julio de los Santos Viola, implicado en el caso Coral 5G.
El alto oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, miembro de la seguridad del ex presidente Danilo Medina, deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, provincia de San Cristóbal.
El procurador adjunto, Wilson Camacho, consideró que la medida de coerción es proporcional a la gravedad de los hechos imputados a de los Santos Viola.
“Es justo señalar que en estos procesos hay defensas que se dedican a hacer planteamientos irracionales en los tribunales, para que luego, cuando los jueces imponen la racionalidad y el derecho, salir a criticarlos”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Y cómo era de esperarse, la decisión de la jueza Romero no fue del agrado de los abogados del general Julio Camilo de los Santos Viola.
El doctor Julio Kury, abogado del general viola, expresó que ya había advertido que la magistrada Romero iba a someterse a los pedimentos del Ministerio Público.
La jueza Kenya Romero declaró el caso de tramitación compleja y fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 14 de marzo de 2022.
El Ministerio Público establece que el general De los Santos Viola cometió desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La pasada semana la jueza Romero impuso medidas de coerción a 12 vinculados a la presunta red de corrupción administrativa desmantelada en noviembre pasado con la Operación Coral 5G.
El Ministerio Público establece que el general De los Santos Viola cometió desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Una nota de la Procuraduría General dice que desde su arresto el pasado mes, el encartado utilizó de manera infructuosa una serie de recursos con el objetivo de evitar el proceso, incluyendo recusaciones a la jueza Romero, presentación de dos hábeas corpus y una instancia ante el Tribunal Constitucional y desplegar una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara de Cuentas.
Durante las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La presunta red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
Más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el Caso Coral 5G fueron aportadas al tribunal, destaca el comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les han ocupado hasta el momento más de 100 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
