Las ejecutorias de un Gobierno, que comprometido con el cambio, enarbola la bandera de la transparencia

República Dominicana-Desde que inició su carrera tras la Presidencia de la República, Luis Abinader enarboló la bandera de la transparencia, la disminución de la corrupción y de la impunidad, así como con la mejora del índice de percepción respecto a estos males en República Dominicana, proponiendo, en primer lugar, un Ministerio Público independiente. 

Comprometido con la transparencia, la primera designación, a tan solo cuatro días de haber conquistado el Poder, fue la de la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, como directora de Ética e Integridad Gubernamental.

“Mi primera designación es un mensaje claro a los funcionarios del nuevo gobierno y la Nación: Doña Milagros  Ortiz Bosch será responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción”, escribió el presidente Luis Abinader en su cuenta de Twitter, el 10 de julio del 2021.

Ya juramentado como presidente constitucional de la República, uno de los primeros decretos de Luis Abinader Corona fue el 324-20, designando a Miriam Germán Brito procuradora General de la República, para encabezar el llamado Ministerio Público independiente, uno de los pilares del sistema de administración de justicia dominicano y que durante décadas ha arrastrado una cadena de descredito con la que el jefe de Estado se propuso romper.

Al someter a la Justicia a exfuncionarios y funcionarios del más alto nivel, así como altos oficiales activos y empresarios señalados por sustracción del erario público, narcotráfico y lavado de activos, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Dirección General de Persecución, con los magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice a la cabeza, el Ministerio Público se ha ganado el elogio de quienes entienden que por vez primera dicho organismo actúa de manera independiente, pero el descredito de una oposición política que ve en los sometimientos “una cacería de brujas”.

Con tan solo 17 meses de designado, este Ministerio Público, de acuerdo a su Portal de Transparencia, ha sometido a la justicia 6 casos por corrupción y lavado de activos, igual cantidad de expedientes sometidos por las mismas causas durante los dos periodos de Gobierno del expresidente Danilo Medina.

Los casos abiertos en esta gestión involucran a personas tan cercanas al expresidente Danilo Medina, como dos de sus hermanos, el exprocurador General de la República, a su exjefe de seguridad y a varios exfuncionarios de su gestión, quienes alegadamente han malversado miles de millones de pesos del Estado.

Pero también estos casos de corrupción salpican a funcionarios del propio Gobierno, pues algunos de los expedientes por narcotráfico involucran a legisladores del partido oficialista, lo que para algunos es una muestra de la independencia y la transparencia con trabaja el Ministerio Público.

Casos sometidos por el Ministerio Público y sus principales imputados

Antipulpo

Este proceso judicial se originó a raíz de la puesta en marcha de la  denominada "Operación Antipulpo", a través de la que se busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, e integrada por su hermana Magalis Medina y otras 9 personas, acusadas de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones (US$68.6 millones) desde el 2012 hasta el 2020.

Coral

En el expediente por este caso las autoridades acusan a un grupo de malversar más de RD$3,000 millones y tiene como principal imputado al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y exjefe de seguridad de Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres. Por el mismo, también están siendo imputados la pastora Rossy Guzmán; su hijo Tanner Flete, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero y el mayor Raúl Girón, quien fue beneficiado con arresto domiciliario por colaborar con el Ministerio Público.

Coral 5G

Es la segunda parte de la investigación y que involucra al general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el general Julio Camilo de los Santos Viola y otros 10 imputados.

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Medusa

Es el proceso que las autoridades iniciaron en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de encabezar una red que habría desfalcado al Estado por más de RD$ 6,000 millones.

Operación Larva

A través de esta se desmanteló una organización supuestamente dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. De acuerdo con las autoridades el grupo está vinculado a una red que introdujo al país más de 700 kilogramos de cocaína.

Operación 13

Se trata de un supuesto fraude millonario en la Lotería Nacional, destapado mediante un sorteo televisado el 1 de mayo del 2021 y que concluyó con la destitución y posterior apresamiento del exadministrador Luis Maisichell Dicent, junto a otros implicados.

Operación Falcón

Mediante esta operación fue desmantelada otra red de narcotráfico en Santiago, y que abarcó la extradición de implicados, además de poner en el ojo del huracán a legisladores como Héctor Feliz Feliz, quien fue detenido mientras transportaba al extraditable a Estados Unidos y diputado, Juan Maldonado, implicado en el proceso.

Operación Caracol

Es el nombre que dio la Procuraduría a la investigación en contra de los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, presidida por Hugo Álvarez por, supuestamente “maquillar” auditorías en favor de funcionarios de la gestión pasada.

Destituciones

El presidente Luis Abinader ha querido blindar su gestión de la impunidad y la corrupción, no solo a través de la designación de un Ministerio Público que no ha mirado afiliación política a la hora de someter a infractores de las leyes, sino cancelando a funcionarios, que pese a su advertencia de que no tolerará actos de indelicadeza y mucho menos de corrupción, han sido señalados en hechos bochornosos.

Datos publicados en el portal web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República indican que en lo que lleva de gestión, el presidente ha destituido a 15 de sus funcionarios acusados de la comisión de delitos como corrupción, agresión sexual e irregularidades en sus declaraciones juradas de patrimonio.

El primer funcionario destituido por el mandatario fue Plutarco Arias, quien duró un periodo de solo 6 meses frente al Ministerio de Salud. La destitución de Arias se produjo luego el escándalo originado por el frustrado proceso de licitación para la compra de jeringuillas a 25 pesos la unidad, cuando en el mercado estaban a 5 y 7 pesos, y que serían destinadas al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

Entre destituciones más sonoras de este Gobierno figura la de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, tres días antes de que cumpliera un año en el cargo, en el que sustituyó a Kinsberly Taveras, quien enfrenta un proceso por tráfico de influencia, para favorecer a empresas de su propiedad que suplían a varios ayuntamientos, en violación a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones. Jiménez fue removida de su cargo en medio del escándalo por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la compra de equipos electrónicos por un valor de tres millones de pesos, denuncia en la que se vincula también a su esposo.

Asimismo, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Cecilio Antonio Rodríguez Montás, fue destituido luego que una comisión designada para investigar la adjudicación de las raciones del desayuno y el almuerzo escolar detectara irregularidades en esos procesos.

Con él, fueron cancelados por el Ministerio de Educación José Alejandro Ceballos Paulino, director del gabinete; Andrés Montero Ferreras, consultor jurídico; Deiby Villalona de los Santos, de Gestión de Seguimiento a la Alimentación; Marino Laureano, del Departamento Administrativo, y Jesús Alcántara Alcántara, de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.

Otro de los funcionarios destituidos por el Ejecutivo es el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, en medio del escándalo de corrupción que involucra la afiliación de esa institución con la empresa Mía Cargo Group y que también viola la Ley de Contrataciones Públicas.

Mediante el decreto 704-21 y tras declarar que “haría una fiesta” por cada persona que muera de Covid-19 sin estar vacunado, fue destituida la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León Abreu.

A los funcionarios cancelados se suma Tomás Ozuna Tapia, exgerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), de cuya destitución no se dieron detalles.

Por su presunta vinculación a un fraude en la Lotería Nacional, también fue destituido Luis Maisichell Dicent, de la administración de dicha entidad.

Pero no solo por señalamientos por corrupción, el presidente Luis Abinader ha cancelado funcionarios, sino también por acusaciones de agresión sexual.

Es el caso de Antonio Gómez Díaz, director de la Regional de Aduanas, y de Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quien aunque fue descargado por un tribunal, se quedó fuera de la institución.

El mandatario ha aprovechado cada momento que ha podido, para reafirmar el compromiso que hiciera, de lograr instituciones transparentes.

Así lo hizo en la apertura del V Diálogo de la Red de Integridad Pública en América Latina, en noviembre pasado, un evento auspiciado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en noviembre pasado, donde expresó que “no hay acción transformadora sin principios, sin ética y sin integridad en el ejercicio del poder”.

Por sus ejecutorias en favor de la transparencia, el Gobierno dominicano ha sido elogiado por Gobiernos como el de  Estados Unidos, que aseguró que Luis Abinader ha venido desarrollando la gestión admirable en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como por el fortalecimiento de la democracia, destacando como la principal evidencia de ello, el sometimiento de altos funcionarios que “se creían intocables” y de legisladores de su propia gestión ligados al narcotráfico.

Asimismo, Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en su balance del 2021, señala que ese año será recordado por el inicio del fin de la impunidad y por comenzar a dar frutos la lucha contra la corrupción que por décadas ha dominado la vida nacional.

Con sus ejecutorias y decisiones respecto a los funcionarios señalados por la comisión de actos ilícitos, Luis Abinader ha guardado coherencia entre lo dicho y lo hecho, respecto a lo prometido el 16 de agosto del año 2020, cuando ante la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente y garantizó llevar a cabo un Gobierno transparente.