FINJUS considera discusión sobre Ley de Extinción de Dominio debe continuar

SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia
(FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, reiteró este lunes la necesidad de contar con una legislación que instituya la figura jurídica de extinción de dominio de conformidad con el mandato constitucional que refiere a la posibilidad del Estado de perseguir los bienes de origen o destinación ilícita mediante la vía jurisdiccional.

Castaños explicó, mediante un comunicado de prensa, que en República Dominicana el texto constitucional, específicamente el numeral 6 del artículo 51 que trata el derecho de propiedad, es el que refiere de manera expresa e ineludible la previsión normativa de los juicios de extinción de dominio, bajo el entendido de que es la facultad de poner en movimiento el aparato jurisdiccional para obtener una sentencia declaratoria de titularidad del derecho de propiedad a favor del Estado de un bien con origen y/o destino vinculado a un hecho ilícito, sin contraprestación, pago o indemnización alguna.

“Resulta innegable la presencia y el auge de la criminalidad organizada en los países de la región con una consecuente afectación que acarrean sus diversas manifestaciones en el seno de la sociedad, lo cual ha conminado a los Estados a trazar estrategias para enfrentar una problemática que se presenta paralela a la persecución delictual per se: el poder
económico construido a partir de la ilicitud”, precisó.

Agregó que la acción de extinción de dominio, si bien existen figuras conocidas del proceso penal tales como el decomiso, busca enfocar la acción estatal en orden a golpear los recursos financieros y el poder económico de las organizaciones criminales y las redes de corrupción con el objeto de irlas debilitando de forma progresiva hasta su inoperancia.

Castaños agregó que los ingresos monetarios exorbitantes derivados de ilícitos como el tráfico de drogas, armas, de trata de personas generan una especie de extorsión al circuito económico mediante la creación de empresas, negocios, aseguradoras, casas de préstamos, etc., “lo cual desincentiva la actividad económica en general, y genera unacompetencia desigual con quienes operan bajo el respeto a las reglas del derecho”.

A esto se suma que normalmente estos infractores utilizan el poder político para asegurar la impunidad fortaleciendo la corrupción del aparato gubernamental; al final esto deriva en un tratamiento desigual del ciudadano honrado en comparación con quienes interactúan con estas organizaciones mafiosas, ya que estos siempre van a obtener
prerrogativas y ventajas de las que no puede gozar la generalidad.