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El Gobierno de Estados Unidos insistió este miércoles en defender ante su Tribunal Supremo que la soberanía de Puerto Rico reside en Washington y que la última fuente de poder sobre la isla es el Congreso estadounidense.
El Tribunal Supremo de EE.UU. escuchó los argumentos de las partes implicadas en un caso llevado ante esa corte por el Gobierno de Puerto Rico para dirimir sobre los límites de la soberanía judicial de la isla y la cláusula constitucional de doble exposición, que prohíbe que un mismo Gobierno soberano acuse dos veces por los mismos hechos a una persona.
Concretamente, el caso "Puerto Rico vs. Sánchez Valle" pone en discusión si los tribunales de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., pueden procesar a una persona por un delito por el que ya ha sido juzgado en los tribunales federales.
En este caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en su día que la isla no tiene soberanía propia para juzgar a una persona que ya había sido juzgada en el ámbito federal de EE.UU.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico, en respuesta, pidió una revisión al Supremo estadounidense, la cual fue concedida.
Ahora la máxima instancia judicial estadounidense debe pronunciarse sobre el caso, lo que podría llevarle a tener que emitir una opinión sobre los límites en materia de soberanía de Puerto Rico, en su calidad de Estado Libre Asociado a EE.UU. Incluso podría sentar jurisprudencia para redefinir la relación política entre ambos territorios.
"Vamos a poder probar nuestro caso. Tenemos razón", dijo el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a medios locales desde la localidad sureña de Ponce respecto a la revisión que comenzó con la consulta de sus jueces a la Procuraduría General de EE.UU., la representación del Gobierno de la isla y los abogados de Luis Sánchez del Valle.
La gran expectación levantada por este caso surge a raíz de que el Departamento de Justicia de EE.UU. señaló en un alegato ante el Supremo federal el pasado 24 de diciembre por medio de su procurador general, Donald Verrilli, que Puerto Rico es un territorio estadounidense.
Verrilli defendió entonces que los poderes sobre Puerto Rico le corresponden al Congreso estadounidense, lo que significa que el Estado Libre Asociado carece de soberanía.
"Aunque Puerto Rico ejerce autoridad local significativa, con gran beneficio para su gente y para los Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional", dijo.
La postura del Departamento de Justicia federal provoca malestar en todos los estamentos políticos de la isla, que la interpretan como una confirmación del estatus colonial y de sometimiento a Washington que algunos sectores denuncian sufre Puerto Rico.
El propio gobernador ha asegurado que esta tesis, aparte de estar reñida con posturas previas de Washington, es contraria a toda la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo federal, que le reconoce al Estado Libre Asociado un grado de autonomía similar al de los estados de la unión.
En ese sentido incluso remitió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para defender la, a su juicio, completa autonomía que ostenta el Estado Libre Asociado en asuntos internos, iniciativa que fue apoyada hoy por la clase política local.
Verilli justificó su postura al señalar que la Constitución del Estado Libre Asociado está supeditada a la autoridad del Congreso estadounidense y que la isla es un territorio bajo la tutela del Congreso de EE.UU., por lo que no cuenta con soberanía propia para juzgar a personas que han sido enjuiciadas por los mismos delitos en el foro federal.
En la carta a Ban, García Padilla recordó que en su comparecencia ante Naciones Unidas en 1953, EE.UU. enfatizó que el Artículo 1 de la Constitución de Puerto Rico preceptúa que su "poder político emana del pueblo y debe ejercerse de acuerdo a su voluntad, dentro de los términos del pacto acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América".
Las autoridades puertorriqueñas alegan que en 1952, cuando la isla aprobó su Constitución, hubo un cambio en la relación con EE.UU. y Puerto Rico se convirtió en una entidad autónoma con su propia legislatura y libertad de elaborar sus propias leyes.
Aunque ahora se espera con gran atención la decisión del Supremo, lo cierto es que este podría no entrar en profundidad en la cuestión y limitarse a dirimir sobre este caso en particular.
