Reclaman a la Procuraduría respuesta a querellas en contra de Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios públicos

República Dominicana.-Sed de Justicia, la organización cívica no partidista que busca ser un aliado para las autoridades en la lucha contra la corrupción, reclama a la Procuraduría General de la República una respuesta a las querellas penales depositadas en contra de antiguos funcionarios de gobierno.

Dichas denuncias abarca a actores como Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, ex ministro y ex vice ministro de Obras Públicas; Diandino Peña, ex director de la OPRET; Miguel Pimentel Kareh, ex director de la disuelta OISOE, a quienes acusan de supuesta corrupción en los contratos de hormigón asfáltico caliente, la construcción del Metro y la remodelación de la Ciudad Sanitaria ¨Luis E. Aybar¨.

La querella también incluye a Maybeth Rodríguez, hermana del ex procurador Jean Alain Rodríguez, involucrada en el caso de corrupción en los contratos antes mencionados, para la compra de hormigón asfáltico caliente.

En una misiva dirigida a la procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, Sed de justicia recuerda que depositó las querellas penales en la Procuraduría hace casi dos años, “…y desde entonces la sociedad dominicana espera que el Ministerio Público mueva la acción pública para procesar judicialmente y encarcelar a todo el que sea hallado culpable de haber sustraído fondos del Estado, sin importar jerarquía económica, social o política”.

En ese sentido, Sed de Justicia además reclamó la agilización de los expedientes penales contra los familiares del ex presidente Danilo Medina y del anterior administrador de Edenorte, Julio César Correa, implicados en la alegada mafia que habría estafado a las empresas distribuidoras de electricidad con más de $50 mil millones de pesos.

La primera querella de Sed de Justicia contra los ex funcionarios fue entregada en la Procuraduría el 24 de agosto de 2020, apenas ocho días después de la Magistrada Germán asumir el cargo, un expediente acompañado de cientos de elementos probatorios de las irregularidades cometidas en la contratación, pago y destino final del hormigón asfáltico en las gestiones de Castillo y Pepín en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

En noviembre de ese mismo año, el presidente de Sed de Justicia, el empresario y comunicador Franc Rosario,  entregó a la magistrada Germán en su despacho la querella penal contra Maxy Montilla, cuñado del ex presidente Medina, Julio Cesar Correa, ex administrador de Edenorte, y una veintena de ex  funcionarios de las distribuidoras eléctricas que habrían sido parte del entramado de corrupción estructurado en  los periodos de gobierno de Leonel Fernández y Medina.

Posteriormente, y en base a un trabajo de investigación jurídica exhaustivo, la entidad se querelló contra Diandino Peña por las irregularidades que se le atribuyen en las compras y contrataciones de la construcción de las líneas del Metro, entregando a la Procuraduría un dossier de documentos que muestran cómo el llamado “Zar del Metro “utilizó empresas familiares y otras fantasmas para simular gastos por cientos de millones de pesos sustrayéndolos en su provecho y en beneficio de  allegados, a  costa del erario.

También la entidad se querelló contra los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas por haber usado 5 millones de pesos de la institución para gastos personales de abogados, cuando fueron requeridos por el Ministerio Público en una investigación criminal.

“Desde entonces- expresa Sed de Justicia- hemos confiado y esperado que el esfuerzo ciudadano por contribuir a adecentar el ejercicio público va a encontrar la merecida acogida en el Ministerio Público por usted dignamente representado, procesando judicialmente en base a méritos de evidencias.

“Sin interés de interferir en la dinámica de los citados procesos, la sociedad espera con la fe de cinco cordilleras que su superior despacho tenga  a bien informar al país del curso de las investigaciones, para que no cunda el desaliento si se llegara a pensar erróneamente que los malvados podrían quedar impunes, como en otras épocas”, concluye la comunicación de Sed de Justicia  del 22 de junio pasado a  la magistrada Germán Brito.