República Dominicana.-Para el abogado José Miguel Minier, “es triste y doloroso decir que está desbordada como nunca en la historia” la delincuencia y la criminalidad en Santiago de los Caballeros.
“Pero, también debemos decir que ese es un problema que viene de atrás. No es solamente de este gobierno, sino de la deuda social acumulada de los gobiernos anteriores”, consideró el jurosta, que el seis de septiembre fue atracado en Santiago, junto a dos exmiembros de la Selección de Ciclismo.
Esa deuda social –dijo- se ha incrementado por la falta de una política criminal del Estado, bien coordinada, con el Ministerio Público y con el Ministerio de Interior y Policía.
“Cada uno de esos ministerios y la Procuraduría, tienen sus propias agendas y no hay una coordinación, ni un guion de cómo combatir la delincuencia”, argumentó José Miguel Minier en el programa dominical Sobre la Noticia, que se transmite a través de enTelevisión, bajo la conducción de Belkys Castillo.
En ese sentido, dijo que la principal debilidad es que el gobierno entiende que con el Plan Social va a resolver el problema de la delincuencia y la marginalidad, “y eso no es posible”.
“Eso hay que enseñarle al ser humano; a la persona, a pescar y regalarle la caña; no regalarle el pescado. Por qué decimos eso, porque eso de Plan Social es como cuando uno tiene un pantalón viejo, que se rompe por un lado, usted le pone un parcho y se rompe por el otro y hay que botar el pantalón y comprar uno nuevo”.
Entiende que “hay que hacer un plan de política criminológica bien definido y darle seguimiento cronológicamente a ver si se le está dando cumplimiento y en qué se está fallando”.
Para esto sugiere al gobierno buscar la manera de que “nuestros productos, nuestra industria sea competitiva; que no tenga un costo tan alto en electricidad, por ejemplo, que lo saquen de competencia, porque al ser competitiva en el mercado, se va a importar menos y va haber más empleo y se va a reducir la brecha del desempleo que hay”.
Otra manera de ayudar –dice- es que Educación busque la manera de que los miles de millones de pesos que se invierten en estudiantes para cursar maestrías en universidades extranjeras, se reducan al mínimo, con acuerdos interinstitucionales, “con universidades y vengan y que esas clases sean semipresenciales y solamente se vaya tres meses fuera del país al final, por qué, porque un evento de esos –y yo lo viví n carne propia siendo presidente de la seccional del Colegio de Abogados en Santiago, y firmé un acuerdo interinstitucional con la Universidad Castilla la Mancha, y los primeros cursos de derechos fundamentales, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, lo dimos en Santo Domingo y Santiago y el costo eran 2,000.00 euros y qué yo hoce?…firmé un acuerdo con el Banco de Reservas, y a los estudiantes de Derecho, el 90%, son de escasos recursos, se le fiaba los recursos a 24 meses, pero qué sucedía con eso, que la Agencia de Cooperación Española pagaba los vuelos, pagaba los viáticos del profesor, y nosotros aquí solamente teníamos que pagarle el alojamiento y unos viáticos mínimos. Entonces, eso es una manera también de ayudar al ciudadano y eso no lo va a hacer el Ministerio de Educación por los intereses, porque afecta a las universidades. Cualquier maestría aquí en el país sale por más de 10 mil dólares. El 90 por ciento de los profesionales, ni los padres, pueden pagar, ni mucho menos mandar un hijo a estudiar fuera”.
Finalmente, sugirió al gobierno iniciar también un conversatorio en las 32 provincias, “para ver cómo se hace un plan y empezar a ejecutarlo y, si no está dando resultados cambiarlo (…) Pero la situación está muy difícil y eso tiene que enfrentarlo el gobierno central diseñando un buen plan criminológico”.