Laura Hernández denuncia abogados que se hacen pasar como defensores públicos.

La directora de La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) dijo este martes que  lamenta profundamente las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, acusando a la institución de privilegios en el sistema de justicia penal del país, y agregó que esas “falsas declaraciones” no son más que un atentado contra la función esencial del Estado Dominicano.

Laura Hernández asegura que esa institución está cumpliendo desde su creación con el mandato constitucional de prestar asistencia, asesoría y representación de manera permanente y continua, atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado; como bien lo prescribe el artículo 176 de la Constitución.
“Evidentemente que no existe una discriminación de los casos que son asistidos por la ONDP, ya que la propia Constitución coloca una camisa de fuerza de que se debe prestar asistencia a todo el que no tenga abogado”, añade.

La directora de la ONDP explica que la oficina tiene el deber de dar asistencia a todos los imputados que piden el servicio de la Defensa Pública sin distinción, porque no se puede conocer un caso sin abogado.

“TAMBIEN tenemos que brindar asistencia a todos los imputados que por culpa de los abogados privados y producto del abandono, los tribunales dominicanos se ven en la obligación de solicitar defensor público, cuyos casos de abandonos ascienden a más de 9,000 casos al año. Lo que implica la necesidad de que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), tome medidas disciplinarias contra esos abogados privados que dejan abandonados a los imputados”, precisó.

Dijo que la Defensa Pública quiere aclarar también que no existe un privilegio más que el de cumplir al pie de la letra lo establecido en la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado; y en esas atenciones existe la imperiosa necesidad de utilizar una vestimenta distinta a los defensores privados, porque ha creado en ocasiones confusiones con los usuarios del servicio y hasta usurpación de funciones por algunos abogados privados, al hacerse pasar como defensores/as públicos/as ante los imputados violentado los criterios de gratuidad y fácil acceso. 

Señaló que demás sorprende que perteneciendo, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, al Consejo de la Oficina Nacional de Defensa Pública AHORA esté en contra de la Resolución sobre el Protocolo para la vestimenta de los defensores/ras públicos/cas cuando su propia institución firmó esa Resolución.

“Es propicia la ocasión para hacer un llamado al presidente del Colegio de Abogados para que adopte medidas disciplinarias contra esos abogados privados que dejan abandonados a los imputados por infringir las leyes dominicanas en contra de los más débiles”, agregó la Dra. Hernández.