República Dominicana- Procuradora General de la República manifestó preocupación ante los niveles de violencia que arropan a la sociedad de Dominicana, en la mayoría de los casos con uso de armas de fuego.
En ese sentido, la magistrada Miriam Germán Brito abogó porque todos los sectores sean parte activa en la ejecución de acciones para prevenir los circuitos ciudadanos.
Mientras criticó el accionar de los miembros de de la Policía Nacional frente a situaciones delicadas, señalando que estos, no deben estar por encima de la Ley.
“En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho”, señaló.
Al presentar su rendición de cuentas correspondiente al pasado año, la haga del Ministerio Público sostuvo que aunque desmontar un sistema con figuras que por décadas han permeado la administración de justicia, la meta que se propuso está gestión, de impulsar un sistema más efectivo, se ha ido logrando.
En ese sentido, manifestó que que pese a las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar procesos judiciales, además de que la justicia "tiene sus reglas y sus tiempos".
“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, dijo.
Respecto a la Ley que crea el Ministerio de Justicia, dijo que es vital clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, deslindándola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.
En materia de trata y tráfico, Germán Brito destacó dos operaciones sin precedentes: la Operación Cattleya, en la que se rescataron más de 80 víctimas y se presentaron cargos formales, y la Operación Frontera, dirigida a desmantelar estructuras organizadas que traficaban personas.
Resaltó que el 2022 se solucionaron 19 mil 200 conflictos y se lograron 7 mil 999 aperturas a juicio y 4 mil 993 condenas.