Santo Domingo.- El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, imputado en el entramado de corrupción del caso Calamar, busca hoy la revocación de la prisión por libertad ante los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito, a través de un recurso de apelación.
Los abogados de Guerrero, piden la nulidad del arresto emitida en su contra, y que se declare ilegal la medida de coerción de prisión impuesta a su representado por violar la dignidad humana contenida en el artículo 5 de Constitución.
Por lo que, los juristas solicitan que se ordene su libertad, considerando ocho puntos importantes que muestran la inocencia del imputado, y que son los siguientes:
1. Desde el inicio de la investigación abierta en su perjuicio, Donald Guerrero ha mostrado, a través de su comportamiento, su voluntad de colaborar con el proceso por lo que no existía fundamento para imponer prisión preventiva en su contra.
2. En noviembre de 2020 fue colocada una alerta migratoria en perjuicio de Donald Guerrero y aún después del levantamiento de esta medida, él se mantuvo notificando a la Procuraduría General de la República, sus salidas del país así como las fecha de sus retornos.
3. Es un hecho notorio que Donald Guerrero se presentó voluntariamente a todas las citas que les fueron hechas por la PEPCA por lo que no había necesidad de autorizar su arresto.
4. Donald Guerrero fue arrestado como consecuencia de su comparecencia voluntaria ante la PEPCA, lo que demuestra la inexistencia de riesgo de fuga respecto de él.
5. A pesar de que Donald Guerrero se encontraba en libertad durante los más de dos años que estuvieron investigándolo, la PEPCA no pudo probar en la solicitud de medida de coerción que este ciudadano hubiere intentado o realizado algún acto concreto para torpedear la investigación en su contra.
6. A pesar de que Donald Guerrero se encontraba en libertad durante los más de dos años que estuvieron investigándolo, la PEPCA aportó más de 90 documentos provenientes del Ministerio de Hacienda.
7. El Ministerio Público no probó ni el peligro de fuga ni del peligro de obstaculización en relación con Donald Guerrero, de donde no existían motivos bastantes para imponer prisión preventiva en su contra.