Lo último
La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), el Consejo Nacional Contra la Corrupción (CONACCO) y el Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT), retomaron sus denuncias sobre el pago a una empleada de la oficina privada del juez John Guiliani Valenzuela con los fondos del presupuesto del Tribunal Superior Electoral.
Las entidades de la sociedad civil dijeron que hace dos años demandaron del presidente del TSE, Mariano Rodríguez y del juez Guiliani Valenzuela una explicación al país del porqué la señora Odeyda Mejía Olivero, empleada de la oficina de abogados John Guiliani & Asociados, cobraba por la nómina del TSE como Secretaria II, devengando un salario de 45 mil pesos mensuales.
“Hemos esperado dos años y ninguno de los jueces del Tribunal Electoral ha dado respuesta a esta irregularidad, lo que significa que todos son cómplices de un acto bochornoso que implica corrupción”, dijeron.
Al momento de la denuncia, las entidades entregaron a los periodistas copia de la nómina del Tribunal Superior Electoral en donde figuraba el nombre de la referida empleada con los detalles de su ocupación en la alta corte, pero quien nunca se reportó a las oficinas de la entidad del Estado, en cambio hacía el horario en la compañía privada de Guiliani, ubicada en la avenida Pedro Henríquez Ureña de la ciudad de Santo Domingo.
“Han jugado al tiempo, a que la denuncia se diluya y se pierda, pretendiendo jugar con la inteligencia no solo de nosotros, sino también de toda la sociedad dominicana y de las propias autoridades que deben velar por el manejo transparente de los recursos del erario público”, consideraron las organizaciones.
Dijeron que así como ésta, en el Tribunal Superior Electoral se cometen serias irregularidades que ponen en tela de juicio la honestidad con que deben conducirse los miembros de dicho órgano
Para las tres organizaciones, las irregularidades cometidas en el referido tribunal ameritan que dichos jueces sean escrutados y eventualmente destituidos de sus respectivos puestos.
Afirmaron que ninguno de los jueces que componen el TSE tiene calidad moral para repostularse en el referido tribunal, como tampoco aspirar a integrar o dirigir la Junta Central Electoral, ya que se constituyen en una vergüenza como profesionales del derecho.
El CONA, CONACCO y CODAIT llamaron al Colegio Dominicano de Abogados y a la propia Cámara de Cuentas pedirle a los jueces del TSE hacer las aclaraciones pertinentes en torno a su denuncia.
