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(EFE).- Habitantes de una comunidad en el norte de El Salvador tienen “temor” y están “preocupados” ante posibles detenciones arbitrarias en el contexto de la instalación de un cerco de seguridad amparado en la medida de régimen de excepción.
Se trata de la comunidad Santa Marta, ubicada en una zona rural a más de 136 kilómetros de la capital, San Salvador, donde vive un aproximado de 3.000 personas y que fue fundada por desplazados del conflicto armado interno (1980-1992).
Mucho se ha hablado de la comunidad Santa Marta en los últimos meses, ya que cinco de sus líderes comunitarios están encarcelados desde enero pasado y son acusados de asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil.
Diversas organizaciones han catalogado dichas capturas como injustas y han señalado que podrían tener un “tinte político”.
La comunidad, a través de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) de la que eran miembros los hombres, piden la liberación de sus líderes, solicitud a la que se han sumado las Naciones Unidas, por medio de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos.
Santa Marta pertenece al municipio de Victoria, departamento de Cabañas, en el que ha sido instalado un cerco de seguridad para “acorralar” y detener a los remanentes de pandillas que habrían huido de las ciudades a la zona rural, como consecuencia de la medida de régimen de excepción.
En el contexto de dicho régimen, se han instalado cercos de seguridad y militarizado dos municipios -en el centro y norte del país- y tres comunidades de San Salvador.
Los cercos están amparados en el régimen, decretado desde marzo de 2022 y que suspende algunas garantías constitucionales, y se desconoce el período de tiempo en que estarán vigentes.
“Esto es muy preocupante porque la comunidad está formada por desplazados del conflicto armado, entonces la presencia militar en sí misma ya genera un terrible temor en la gente, en la comunidad, sobre todo a los (adultos) mayores que vivieron el conflicto armado y eso revive fantasmas del pasado”, comentó Alfredo Leiva, miembro de ADES, a EFE.
Santa Marta, cuyos habitantes empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, estaba militarizada desde antes del establecimiento del cerco en Cabañas, según Leiva.
El activista señaló que la semana pasada hubo una “fuerte presencia” de militares en el lugar, entre 300 y 400 miembros del Ejército, dijo.
“Ahora la misma presencia de los militares causa un enorme temor”, expresó.
Reiteró que “el temor existe porque la misma Policía ha expresado que hay otras personas en lista que pueden ser capturadas y la misma presencia de los militares lleva a ese temor, de que puedan haber detenciones u otro tipo de actos violentos”.
El miembro de ADES contó que “en el pasado (semanas pasadas)” también se había observado a soldados en la comunidad lo que, de acuerdo con el hombre, es parte de “una estrategia para amedrentar a la comunidad”.
Explicó que “una persona puso un tuit en que decía que había una fuente presencia de pandilleros en Santa Marta y que era necesario una intervención inmediata”.
“Aquí desde hace muchos años no hay presencia de pandilleros y por lo tanto la presencia militar consideramos que persigue otros objetivos que es amedrentar a la comunidad (…), es precisamente para disuadir a la comunidad en su denuncia” para que se libere a los líderes detenidos, agregó.
La comunidad Santa Marta fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
