SANTO DOMINGO.- La Cooperativa Herrera (Coop-Herrera), se encuentra en el centro de una creciente controversia, ya que múltiples ahorrantes han reportado la pérdida de sus ahorros en medio de una crisis financiera.
Entre las voces que alzan sus preocupaciones se encuentra Ana María Zabala, quien reveló que acudió a la cooperativa hace más de tres meses para retirar sus ahorros, solo para descubrir que no estaban disponibles.
Zabala expresó su frustración y destacó que es inaceptable que las personas con menor capacidad económica sean las que más sufran en situaciones como esta.
Los residentes de las comunidades cercanas a la Cooperativa Herrera han comenzado a alzar la voz y exigir justicia.
Piden que se responsabilice a quienes presuntamente se beneficiaron del dinero de los más vulnerables y que se tomen medidas para recuperar los fondos perdidos.
Tomasina Espinal Severino, otra de las afectadas, ha llevado su caso un paso más allá al presentar una denuncia formal en la fiscalía.
Espinal Severino reveló que posee dos certificados de ahorro, uno por 25 mil pesos y otro por 220 mil pesos, y que ambos están actualmente en riesgo debido a la situación en la cooperativa.
Por otro lado, los abogados defensores de los acusados han expresado su preocupación por la falta de acceso a sus clientes. Afirman que no se les ha permitido comunicarse con los acusados, lo que dificulta su capacidad para preparar una defensa efectiva.
El Ministerio Público ha presentado una solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que fueron arrestados durante la reciente Operación Búho.
El fiscal Jonathan Pérez Furcal depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra de Los arrestados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas.
El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
Durante la operación puesta marcha el miércoles, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Mientras tanto, los querellantes continúan llegando a la fiscalía en busca de respuestas y justicia en medio de esta crisis financiera en evolución.
La situación en la Cooperativa Herrera sigue siendo motivo de gran preocupación para la comunidad y las autoridades pertinentes están trabajando en el caso para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta crisis y tomar las medidas necesarias.