República Dominicana. – El Senado de la República aprobó en segunda lectura Ley de Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio. Esta medida recibió el voto favorable de 21 de los 25 senadores presentes.
La iniciativa fue presentada por los senadores Félix Ramón Bautista Rosario, Ramón Rogelio Genao Durán y Pedro Catrain Bonilla, el Poder Ejecutivo y los diputados Rafael Tobías Crespo Pérez, Rafael Augusto Castillo Casado, Plutarco Pérez, Miguel Alberto Bogaert Marra, Rogelio Alfonso Genao Lanza y Napoleón López Rodríguez.
La ley se basa en el artículo 51, numeral 6, de la Constitución, que establece el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en procesos penales y juicios de extinción de dominio. Su objetivo es establecer un sistema de gestión, control y mantenimiento de estos bienes, respetando el debido proceso y su destino final en caso de decomiso o extinción de dominio.
La legislación crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), adscrito al Ministerio de Hacienda. INCABIDE es responsable de administrar estos bienes y sigue un proceso de registro y control detallado.
El propósito principal es conservar y mantener el valor de los bienes incautados. Si una persona es declarada no culpable, se le devuelven sus bienes; si es culpable, el Estado toma posesión de los bienes en condiciones óptimas. El dinero incautado se deposita en certificados cuyos valores se transfieren al afectado si es inocente o al Estado si es culpable.
Además, se establece un Fondo Especial de Bienes Decomisados y Extinguidos (FEBIDE) y se imponen sanciones, incluyendo penas de prisión y multas, a los funcionarios que violen la ley o hagan uso de información privilegiada.
Félix Ramón Bautista Rosario destacó la importancia de esta ley en el contexto de la recién aprobada Ley núm. 340-22, que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, proporcionando un marco jurídico complementario para la gestión de bienes incautados y abandonados en procesos penales y juicios de extinción de dominio.