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Caracas, EFE.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que entre la tarde del viernes y el sábado fueron “otorgadas y ejecutadas” 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de solicitar ante los tribunales revisar estos casos.
La Fiscalía publicó esta información a través de Instagram horas después de que diversas ONG anunciaran más de un centenar de liberaciones que se registraron desde la madrugada y a lo largo de la jornada en diversos penales del norte de Venezuela.
Según la institución, que no detalló en qué cárceles del país se encontraban las personas que recibieron las medidas, la solicitud de revisión de los casos se hizo con base en “exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales”.
El viernes, el fiscal general anunció que su despacho había solicitado ante los tribunales la revisión de estos 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo. Esto condujo a la libertad de centenares de ellos.
Esto “tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”, concluye un comunicado leído por Saab.
Entretanto, la ONG Foro Penal, que se encuentra entre las organizaciones que asistieron a los detenidos, señaló que, a al menos, 107 personas vinculadas a las protestas postelectorales se les liberó de varias cárceles del país este sábado, una cifra que no contempla un número indeterminado de mujeres excarceladas de un centro penitenciario femenino.
A través de X, el presidente de la ONG, Alfredo Romero, indicó que hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT) su equipo ha confirmado el total de excarcelaciones en los estados Aragua, Miranda y Carabobo.
Las liberaciones se sucedieron a lo largo del sábado en grupos pequeños para sumar más de 100 al término de la jornada.
De acuerdo a ONG y partidos opositores, a 1.850 personas se les aprehendió tras las presidenciales en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas, 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados de delitos como terrorismo y conspiración.
La cifra es inferior a la que maneja el Gobierno, ya que las ONG excluyen a personas que, consideran, han cometido algún delito y contemplan únicamente las que califican como “presos políticos”.
