PRM reacciona “rígido en el fiel cumplimiento” a plazos establecidos en Ley de Partidos y Régimen Electoral; representante ante la JCE dice se abocan a reestructuración de organismos

República Dominicana.-Que el gobernante Partido Revolucionario Moderno es “totalmente rígido en cuanto al fiel cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley”, es la defensa del delegado del oficialista PRM ante la advertencia de la Junta Central Electoral, sobre precampaña a destiempo.

“En este año y en el que viene, nuestra organización política se va a abocar a lo que tiene que ver con la reestructuración de  todos sus cuadros políticos en cada uno de los niveles o, de organismo de nuestra organización política”, respondió Dionisio de los Santos, en un afán por aclarar que en el PRM no se está en el proselitismo que atribuye la JCE a las organizaciones políticas.

Concluido con ese plazo –dice- en cuanto a lo que establece la Ley 33-18, de Partidos, Movimientos y Organizaciones Políticas, así como la Ley 15-19, orgánica de Régimen Electoral, “conforme a los plazos, nosotros iremos a ese plano de preparación para las elecciones del 2028”.

"Nosotros como partido de gobierno no hemos presentado encuestas de medición de precandidaturas. Nuestro liderazgo representado por José Ignacio Paliza (presidente) y Carolina Mejía (secretaria general), ha sido categóricos de ser respetuosos en cuanto a los tiempos para los procesos internos con miras a las elecciones del 2028”, dijo Dionisio de los Santos previo a reunión con Pleno de la JCE, este miércoles.

Advertencia

Por segunda ocasión, la Junta Central Electoral (JCE) advirtió a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la pasada semana, que las actividades proselitistas, realizada antes de los plazos establecidos, están prohibidas

El organismo de elecciones indica que eso incluye consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualesquiera de los niveles de elección.

Dice que tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a una competencia igualitaria a lo interno de las organizaciones políticas, razón por la que, la definición de precandidaturas y candidaturas, antes de los plazos establecidos en la ley, genera un escenario de inequidad en la contienda interna que viola principios constitucionales.

"Y es que, el hecho de que una organización política defina anticipadamente candidaturas no solo está prohibido, sino que también generaría una desventaja para los demás miembros aspirantes que tengan intenciones de postularse cuando se inicien los plazos legales, ya que no tendrían el mismo tiempo para estructurar su proyecto político y recabar los apoyos necesarios", dice la JCE en un comunicado.

Exolica la Junta Central Electoral quedebe velar porque todos los/las aspirantes tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.

"Por tanto, de acuerdo con la Ley núm. 20-23 y la Ley núm. 33-18, la precampaña electoral para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas. La campaña electoral, en cambio, iniciará con la proclama oficial de la JCE, emitida a más tardar 70 días antes de los comicios", dice.

Advierte que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones establecidas en la Ley núm. 33-18, en su artículo 78, numeral 8, al establecer que los aspirantes que inicien campaña antes del período oficial serán sancionados con la inadmisibilidad de su candidatura, lo que significa que no podrán ser inscritos ni reconocidos como candidatos/as en las elecciones por los órganos de la administración electoral.

Finalmente, la JCE dice que cualquier acción de promoción política fuera de los plazos legales podría derivar en afectar negativamente la legalidad de las posibles precandidaturas y candidaturas; por lo que enfatizamos el compromiso de aplicar estrictamente las sanciones establecidas, garantizando así la equidad, transparencia y el respeto al principio de legalidad.