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La variación de la medida de coerción a la mayoría de los implicados en el caso Odebrecht, puso en evidencia la irresponsabilidad con la que el ministerio público ha actuado en el proceso, afirmó este domingo el Movimiento Marcha Verde.
De acuerdo a la versión de activistas del referido colectivo, los expedientes presentados por la Procuraduría carecen de los elementos probatorios mínimos de ese caso.
Aseguran que el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, demuestra que el ministerio público se concentró en grabar de manera ilegal a los primeros imputados, hacer un circo para los medios de comunicación y evadir acciones de investigación, que fueran más allá de copiar y pegar parte de las acciones cometidas por los ejecutivos de Odebrecht.
Anoche la jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia(SCJ, Miriam Germán Brito, advirtió que hay evidencias de que el ministerio público tiene dificultades para probar la acusación contra los imputados del caso Odebrecht, y advirtió de que si no mejora en eso, “no tendrán éxito en un posible juicio de fondo”.
La jueza ordenó la libertad de Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y César Sánchez, y le impuso el pago de garantía economía, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público, como medida de coerción.
Asimismo, el tribunal revocó la prisión preventiva que pesaba en contra del abogado Conrado Pittaluga por la de arresto domiciliario, por un periodo de nueve meses y dejó en prisión a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa.
Las declaraciones del colectivo se produjeron previo al inicio del recorrido que se desarrolla la mañana de este domingo en varios sectores de la zona norte del Distrito Nacional.
