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  • Por: Nino Germán Pérez
  • domingo 06 julio, 2025

Director de Intrant se querella contra Dekolor por soborno a funcionarios del organismo para prolongar contrato de licencias

Dekolor ofreció hasta un millón de dólares en sobornos para extender un contrato con el Intrant. La querella incluye cargos de soborno, asociación ilícita, y más, respaldada por evidencias.

 SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison presentó el pasado viernes una querella contra la empresa Dekolor S.R.L, su presidente y gerente general Rogelio y Sandra Oruña, por intento de soborno a empleados de esa institución.

La denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la denuncia se detalla que los sobornos consistían en oferta de dinero de hasta un millón de dólares, además de amenazas personales, presión institucional a funcionarios clave del Intrant.

Estas acciones de los Oruña tenían como propósito extender un contrato que tenían con el Intrant, que ya había vencido y que consistía en instalar y operar el sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el territorio nacional.

El contrato suscrito originalmente en enero de 2020 por un período de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Además se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el órgano persecutor.

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