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Santo Domingo. El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este miércoles la solidez de la investigación que llevó al arresto de militares y civiles en la Operación Lobo, puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos. Además, resaltó que cinco de los diez imputados admitieron su participación en los graves hechos que afectaron a varias instituciones del Estado.
“El hecho de que cinco de los diez imputados, es decir, el 50% de ellos, hayan admitido los hechos es una muestra de la solidez de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos presentado al tribunal para que acepte la solicitud del Ministerio Público e imponga arresto domiciliario a estos y prisión preventiva a los demás”, sostuvo Camacho.
“Este es un proceso único, ya que pocas veces se cuenta con los sobornantes, los intermediarios y los sobornados en un mismo caso. Ahora esperamos que el sistema de justicia, especialmente en relación con aquellos que no han colaborado con el Ministerio Público, actúe en consecuencia”, indicó Camacho.
El responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia, el cual estuvo integrado, además, por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
El procurador adjunto calificó como irrefutables las pruebas presentadas ante el tribunal, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los sobornos.
"Cada peso pagado en sobornos está comprobado en el tribunal con los documentos contables aportados por Senase al proceso y con las transacciones financieras que respaldan esta distribución de sobornos. El expediente confirma que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos, ya que hay un hecho fundamental: Quilvio Rodríguez realizó las transferencias desde su empresa directamente a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones", dijo Camacho.
Destacó que la colaboración debe ser un elemento diferenciador en el proceso penal, ya que, según indicó, el sistema de justicia debe enviar un mensaje diferente a las personas que colaboran con él. Estas personas ahora tienen mucho menos incentivo para evadirse del proceso, porque están en colaboración con el Ministerio Público.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y será este jueves a las 6:00 de la tarde cuando emita la decisión.
Entre los imputados se encuentran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; el empresario, Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La estructura criminal impactó negativamente a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, de acuerdo con los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. Además, se les imputa la violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
