Lo último
Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) hace un llamado al presidente Luis Abinader para que no promulgue la Ley de Residuos Sólidos, aprobada en el Congreso Nacional, ya que afecta de manera drástica a las pequeñas y medianas empresas, así como a amplios sectores productivos del país.
Afirma que esa ley fue aprobada sin atender los reclamos escuchados por la comisión que la estudió y sin procurar el debido consenso con los actores clave del sector empresarial que resultarán afectados por dicha legislación.
César De los Santos, presidente de la entidad, expresó que esa pieza se aprobó sin la elaboración de un estudio técnico independiente que definiera los criterios y sustentara la toma de decisiones en un tema sensible para las operaciones y la competitividad de las empresas.
"En la ley aprobada, que ahora está en manos del presidente de la República, persisten varias inequidades que podrían ser corregidas o enmendadas con buena voluntad", indicó.
Es preciso indicar que se debe evitar la doble tributación, ya que los vehículos de motor pagan entre el 1% y el 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el carbono (CO2), y
Además, las empresas también cubren la recogida de desechos sólidos (basura), una situación que el proyecto de ley debe tener en cuenta.
Al observar las cantidades de contribuciones de la Ley 225-20 en comparación con los valores propuestos por el Proyecto de Modificación (aprobado por el Congreso Nacional), se sigue registrando valores excesivos. Se incrementan las categorías de los montos entre RD$ 3,000 y RD$ 675,000, lo que aumenta los valores porcentuales a pagar entre un 300% y un 675%.
Señaló que, especialmente, las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 85% de todo el tejido empresarial, se ven afectadas en su rentabilidad si se les grava de manera indiscriminada. Esto impacta la libre competencia, la creación de empleos y fomenta el paso a la informalidad.
Manifestó que el conjunto de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), distribuidas por todo el país, son medianos y pequeños negocios, con un número de empleados entre 10 y 50, registrados en la categoría de PYMES.
Afirmó que, en cuanto a las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios que obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%). Aunque pueden tener un alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades se basan en una comisión por venta. Así es reconocido por la DGII para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Argumentó que la ley aprobada tiene "un pecado original". Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por ventas, ya que al momento de realizar las operaciones, las empresas deben restar el costo de las mercancías, recibiendo solo las utilidades o beneficios brutos.
Puso como ejemplo una empresa que vende RD$ 100 millones al año, y cuyo costo de la mercancía puesta a la venta es de RD$ 95.0 millones. Esta empresa tiene un margen del 5%, es decir, RD$ 5.0 millones de utilidades brutas. Por lo tanto, es incorrecto gravar el ingreso por ventas, ya que nadie debería pagar por un beneficio que no ha recibido.
Recordó que en Ecología y Ambiente hay un principio fundamental que no debe perderse de vista: "El que contamina paga". Por lo tanto, los sectores de la economía que están directamente relacionados con el objeto de la ley deben ser revisados e incluidos en la contribución, pero hay otros que no tienen por qué ser penalizados. La ley debe ser equitativa; la "penalidad" no debe basarse en el nivel de ventas, sino en el aporte de contaminación.
Destacó que es necesario evitar la doble tributación, ya que los vehículos de motor pagan entre el 1% y el 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el carbono (CO2). Además, las empresas también cubren el costo adicional de la recogida de desechos sólidos (basura), una situación que el proyecto de ley debe tener en cuenta.
