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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas abrió este lunes la consulta pública del reglamento que acompañará la nueva Ley de Contrataciones, un paso decisivo que marca el final de la vigencia de la 340-06. Con ello, se activa un proceso en el que la ciudadanía podrá presentar observaciones y aportar criterios técnicos antes de que la normativa entre en aplicación plena.
El director de la institución, Carlos Pimentel, explicó que la revisión contará con una primera etapa de diez días dedicada al análisis del borrador, el cual será remitido luego a Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Posteriormente, se habilitarán veinte días adicionales para continuar las vistas y procesar ajustes finales. El planteamiento del funcionario destaca una intención de apertura y transparencia, en sintonía con el espíritu que asegura promover la nueva ley.
Al referirse al alcance de la reforma, Pimentel expresó que el sistema de compras públicas no solo se transforma estructuralmente, sino que incorpora mecanismos orientados al desarrollo económico y social. Al citar que la ley “garantiza más transparencia, más integridad y mayor eficiencia”, resume uno de los objetivos centrales de la reforma: limitar espacios de discrecionalidad y fortalecer la vigilancia institucional. También hizo énfasis en la ampliación de participación para mipymes, especialmente lideradas por mujeres, así como la inclusión de criterios ambientales, lo que marca un giro hacia políticas de sostenibilidad.
Otro punto relevante fue la suspensión de veinte proveedores señalados en presuntas prácticas fraudulentas, decisión impulsada a solicitud del Ministerio Público. Pimentel precisó que, mientras dure la medida, los involucrados no podrán presentar ofertas, ser adjudicados ni firmar contratos. Este pronunciamiento expone dos mensajes: la intención de depurar el sistema y la advertencia de que el nuevo marco legal tendrá efectos reales sobre quienes vulneren normas de contratación estatal.
La normativa establece sanciones administrativas, éticas y penales con penas que podrían alcanzar hasta diez años de prisión, lo que coloca el cumplimiento legal como un eje obligatorio y no meramente declarativo. Si el proceso de consulta avanza sin objeciones mayores, el reglamento quedaría a espera de aprobación presidencial y la nueva ley comenzaría a implementarse el 28 de enero, fecha que marcará el cierre definitivo del ciclo operativo de la 340-06.
La transición, más que normativa, plantea un cambio de cultura institucional: un sistema donde la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad legal no solo se promuevan, sino se exijan.
