«Sin virtud pública, la confianza se desvanece.» — John Adams
En nuestro país, la sumatoria de los casos de corrupción presentados por el Ministerio Público puede llegar a ascender alrededor de RD$90,000 mil millones, eso puede equivaler a unos US$1,400 millones de dólares al cambio de RD$64 x US$1.
¿Esos números están inflados o son exactamente reales?
Tendemos a fijarnos en los grandes montos de dinero que se llevan los casos de corrupción en proceso, y en las obras que se pudieron haber construido, pero un efecto que parece silencioso va cercenando el alma nacional: la pérdida de la confianza en el sistema actual de partidos y en la democracia dominicana.
Fuera de la categoría jurídica de culpabilidad o inocencia, las repercusiones de los hechos de corrupción rebasan el lindero de los involucrados, provocando graves heridas a la conciencia y confianza de la sociedad dominicana.
En la República Dominicana, el debate público sobre la corrupción ha estado marcado en los últimos años por una serie de expedientes y señalamientos que han ocupado la agenda nacional, entre ellos la Operación Antipulpo, la Operación Coral y su derivación Coral 5G, la Operación Medusa, la Operación Calamar, la Operación 13, así como las operaciones Falcón y Larva. A estos se suman casos emblemáticos de años anteriores como Odebrecht, Super Tucano, Sun Land y OMSA, junto a otros expedientes de carácter institucional que han involucrado a organismos del Estado como la Cámara de Cuentas, el CEA, el INDRHI, la OISOE, el INAPA, el Plan Social de la Presidencia, la Lotería Nacional y el SENASA.
Los casos citados en el párrafo anterior son los que más han trascendido por los montos envueltos, mientras existen otros mecanismos de fraude instalados como modo operandi en varias instituciones del gobierno.
Para los dominicanos, el fraude se está asumiendo como algo normal y natural, que puede ocurrir en cualquier ámbito público o privado.
Peor viene ocurriendo con los constantes casos de grandes redes ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, que dejan detrás de sí una enorme estela oscura sobre el origen de muchas riquezas.
Un mensaje que transmiten los procesos de acusaciones se refiere a que mientras más altos son los montos involucrados, más fácil le resulta a los implicados escapar a la acción directa de la justicia ,al lograr acuerdos de devolución de parte de lo sustraído a cambio de su libertad.
La población observa esos acuerdos con frustración y con desesperanza sobre el funcionamiento de la institucionalidad en nuestro país.
Si los actos dolosos provocan irritación, no es menos cierto que la percepción de impunidad que representan las delaciones premiadas deja una profunda huella de injusticia.
Al final, estos procesos de acusaciones de corrupción dejan secuelas duales: por un lado, las expectativas de castigo, y por otro, la carencia final de suficientes pruebas que permitan una sentencia final concluyente.
Así se van produciendo vacíos y quiebras a la credibilidad y confianza del funcionamiento de la democracia dominicana.
