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República Dominicana.-El Ministerio Público solicitará penas de entre 5 y 20 años de prisión para los involucrados en la supuesta estructura mafiosa, desarticulada a través de las operaciones Coral y Coral 5G, y que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa avanza en la presentación de sus conclusiones, en las que mantiene las imputaciones en contra de las más de 30 personas y 18 empresas involucradas en el entramado religioso-militar que, alegadamente desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep, el Cestur, y el CONANI, a través del abultamiento de la nómina.
La directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, precisó que, a cada uno de los involucrados se les imputan tipos penales graves, y que las sanciones irán de acuerdo a cada uno de ellos, sosteniendo que las pruebas presentadas, son lo suficientemente fuertes para lograr condenas.
Sin embargo, los abogados defensores sostienen que el Ministerio Público ha sido contradictorio en la presentación de sus conclusiones y que no tiene prueba alguna que sustenten sus acusaciones.
El grupo imputado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego, estaría integrado por Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, por la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete, Boanerges Reyes Batista, entre otros policías, militares y civiles.
Luego de que el Ministerio Público presente sus conclusiones y solicite condenas, le corresponde a los acusados hacer su defensa técnica y material, empezando por el supuesto cabecilla de la red Adán Cáceres.
