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SANTO DOMINGO.- La implementación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas marcará un cambio en la relación entre el Estado y el sector productivo, al priorizar la transparencia, la sostenibilidad y la participación de las mipymes, según coincidieron autoridades gubernamentales y representantes del sector industrial.
El presidente Luis Abinader ordenó a todas las instituciones estatales, sin excepción, acatar de inmediato el nuevo marco normativo y ajustar sus procesos contractuales a lo establecido en la legislación.
El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la normativa busca transformar los criterios tradicionales de adjudicación, que priorizaban principalmente las ofertas más económicas.
El funcionario sostuvo que la ley tiene implicaciones directas para el sector productivo, al promover mayor seguridad jurídica y procesos más claros para los proveedores del Estado. En ese sentido, indicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas trabaja en generar confianza, brindar orientación y acompañar a las empresas para que puedan integrarse de manera competitiva a la nueva normativa.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, valoró positivamente la legislación, aunque advirtió que representa nuevos retos para el sector industrial, al exigir mayores capacidades técnicas, administrativas y de cumplimiento a las empresas participantes.
El dirigente empresarial señaló que la ampliación de los criterios de evaluación, las exigencias en materia de sostenibilidad, el fortalecimiento de los regímenes de control y la aplicación de inhabilitaciones éticas más rigurosas obligarán a las empresas a elevar sus estándares de gestión.
Brache consideró fundamental que la entrada en vigencia de la ley esté acompañada de procesos de formación, orientación y diálogo permanente entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y el sector productivo.
“Será clave acompañar este proceso con el sector productivo para garantizar una aplicación efectiva y equilibrada de la normativa”, expresó.
Asimismo, destacó que la nueva legislación constituye un hito en la modernización del Estado dominicano al redefinir la relación entre el sector público y sus proveedores bajo principios de transparencia, eficiencia y creación de valor para la sociedad.
Desde la óptica industrial, resaltó la incorporación del criterio de “valor por dinero”, que permitirá evaluar no solo el precio, sino también la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental de las ofertas presentadas al Estado.
“Estos ejes abren oportunidades para una industria formal, innovadora y responsable”, sostuvo.
Brache también subrayó la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Contrataciones, elementos que, a su juicio, aportan mayor previsibilidad, trazabilidad y seguridad jurídica a los procesos, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la confianza empresarial.
El representante del sector industrial valoró, además, el énfasis de la ley en la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los productores locales, y la simplificación de procedimientos en determinados niveles de gobierno, lo que podría fortalecer los encadenamientos productivos y la diversificación de la base industrial del país.
Finalmente, el presidente de la AIRD reiteró la disposición del gremio de colaborar en la elaboración de reglamentos y normas complementarias, y expresó su confianza en que la nueva legislación convierta las compras públicas en un motor de competitividad, innovación y desarrollo sostenible para la República Dominicana.
