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SANTO DOMINGO.- El juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), acusados en el caso Operación Camaleón, fue pospuesto por tercera vez debido a la ausencia del representante legal de una de las empresas vinculadas al proceso judicial.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Ribas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien reprogramó la audiencia para el próximo 16 de marzo tras acoger la excusa presentada por la defensa, sustentada en la licencia médica del abogado Marino Feliz Rodríguez, representante de la empresa Aurix S.A.S.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó separar el expediente de la empresa relacionada con Gómez Canaán con el propósito de evitar un nuevo retraso en el proceso. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición al considerar necesario que la defensa cuente con el tiempo suficiente para analizar las implicaciones jurídicas de dicha solicitud y garantizar el debido proceso.
Además de Beras y Gómez Canaán, en el expediente figuran como imputados Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, junto a la empresa Aurix S.A.S.
Según la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían participado en un esquema fraudulento que permitió el desvío de aproximadamente RD$1,317 millones mediante la adjudicación irregular de un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Las autoridades también atribuyen a la supuesta estructura delictiva responsabilidad en el sabotaje del sistema de semáforos registrado en agosto de 2024.
El órgano acusador sostiene que los implicados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa, desfalco, falsificación de documentos, delitos tecnológicos y lavado de activos, infracciones contempladas en la Constitución dominicana, el Código Penal y varias leyes especiales relacionadas con el combate al crimen organizado y la corrupción administrativa.
Con el nuevo aplazamiento, el proceso judicial continuará pendiente hasta la próxima audiencia, en la que se espera avanzar en la revisión de las pruebas y los argumentos presentados por las partes involucradas.
