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SANTO DOMINGO.- La defensa técnica del general Epifanio Peña Lebrón solicitó al tribunal declarar la extinción del proceso judicial seguido en su contra dentro del expediente de presunta corrupción vinculado a Operación Coral y Operación Coral 5G, alegando que el plazo legal para su persecución penal habría vencido.
Durante el desarrollo de la audiencia, la abogada del imputado, Asia Jiménez, aseguró que el proceso presenta irregularidades, al sostener que el Ministerio Público de la República Dominicana habría alterado pruebas que involucran a su defendido dentro del expediente acusatorio.
La jurista argumentó que su cliente fue uno de los últimos en ser incluido en el proceso, por lo que entiende que el tiempo establecido por la ley para su sometimiento habría expirado. En ese sentido, solicitó formalmente al tribunal acoger el pedimento de extinción del caso, al considerar que se han vulnerado garantías procesales en perjuicio del imputado.
El planteamiento de la defensa surge en medio del juicio que se sigue contra los acusados de integrar una presunta red que habría desviado millonarios recursos del Estado dominicano. Aunque las solicitudes de condenas presentadas por el órgano acusador forman parte del contexto del proceso, en la actual etapa del juicio el tribunal deberá ponderar los incidentes y peticiones de las defensas antes de avanzar hacia una eventual decisión de fondo.
El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 200 y 400 salarios mínimos contra varios imputados en el entramado de corrupción desmantelado mediante las investigaciones de Operación Coral y Operación Coral 5G, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
Durante la audiencia celebrada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador solicitó la pena máxima de 20 años de prisión contra los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, así como contra el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, el Ministerio Público pidió condenas de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos contra Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
En tanto, solicitó diez años de prisión y multas de 200 salarios mínimos contra otros implicados, entre ellos Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
De igual forma, el órgano persecutor solicitó cinco años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, además de multas para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura.
Según la acusación, la red habría operado entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos provenientes del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
Los fiscales también solicitaron la disolución de varias empresas y organizaciones vinculadas al caso, además del decomiso de bienes incautados, entre ellos inmuebles, vehículos de lujo, dinero en efectivo y otros activos que, según el Ministerio Público, fueron adquiridos con fondos ilícitos.
Durante el proceso judicial fueron presentadas más de 2,200 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, así como múltiples evidencias materiales.
Se espera que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional evalúen los argumentos expuestos por la defensa técnica y el Ministerio Público en las próximas audiencias, en un caso que continúa bajo el escrutinio público por su impacto en la lucha contra la corrupción administrativa.
