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Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) expresó su respaldo a la iniciativa de las asociaciones empresariales para modificar la nueva Ley 98-25, que a su vez modificó la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
César De los Santos, presidente de la entidad, agradeció la buena voluntad de las autoridades, muy especialmente la del ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, por acoger las preocupaciones del sector empresarial.
Recordó que la mencionada pieza fue aprobada sin el debido consenso con los actores clave que se verán afectados por dicha legislación, y sin la elaboración de un estudio técnico independiente que defina los criterios y respalde la toma de decisiones en un tema sensible para las operaciones, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas.
El presidente de ANADIVE destacó que, especialmente las pequeñas, medianas empresas y mipymes, solicitan que se modifique el artículo 36 de la referida legislación, el cual aumenta hasta un 500% la contribución especial de las empresas, destinada al Fideicomiso DO Sostenible para mejorar la gestión ambiental.
Manifestó que afecta directamente la rentabilidad, la libre competencia y la creación de empleos, además de incentivar el paso a la informalidad.
En cuanto al sector vehicular, señaló lo siguiente: el conjunto de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), localizadas en todo el país, son medianos y pequeños negocios, con un número de empleados entre 10 y 50, registrados en la categoría de PYMES.
Informó que, entre los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios que obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%). Aunque pueden tener un alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades se basan en una comisión por venta, y así es reconocido por la DGII para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Precisó que es necesario evitar la doble tributación, ya que los vehículos de motor pagan entre el 1% y el 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el carbono (CO2). Además, las empresas también cubren el costo adicional de la recogida de desechos sólidos (basura), una situación que el proyecto de ley debe considerar.
Dijo que, como es de conocimiento general, las empresas que forman parte del sector automotriz y que representan son grandes contribuyentes con altas tasas impositivas (aduanales y fiscales), las cuales sirven para el sostenimiento del aparato estatal. Por lo tanto, hay que evitar cualquier medida que altere sus operaciones y el clima de negocios.
"Nos unimos a las voces que aspiran a una ley moderna de Residuos Sólidos, pero que tenga en cuenta la equidad, la eficiencia, la justicia y la visión de futuro de la nación, sin limitar las posibilidades del desarrollo nacional", expresó César De los Santos.
