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San Cristóbal, RD.- Activistas sociales de la provincia San Cristóbal solicitaron este jueves santo a los máximos representantes de la iglesia católica, en República Dominicana, referirse a la fiscalización que debe haber en la ejecución del presupuesto general de la nación, en el marco del Sermón de las Siete Palabras.
La petición fue realizada por los activistas William Alcántara y José Napoleón Domínguez Arias, quienes, a través de una carta dirigida a los sacerdotes católicos, resaltan que la provincia cuenta con una asignación presupuestaria de unos RD$4,315,709,764.00, mientras que el municipio cabecera dispone de RD$729,830,865.00, para el año 2026. Sin embargo, denuncian que históricamente la demarcación ha presentado niveles de ejecución significativamente inferiores a las metas programadas, lo que se traduce en obras estancadas y servicios precarios.
La misiva resalta que la fiscalización no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad moral ante Dios y el pueblo. En este sentido, proponen que la Iglesia exhorte a los legisladores, alcaldes, regidores y vocales a cumplir con su rol constitucional de vigilar el uso de cada peso asignado.
Los puntos clave solicitados para la reflexión del Viernes Santo incluyen:
Exigencia de cuentas claras: Realizar una fiscalización trimestral del avance físico y financiero de los proyectos.
Identificación de "cuellos de botella”: Detectar las trabas burocráticas o de gestión que frenan la inversión local.
Transparencia proactiva: Publicar estados de ejecución actualizados para que la sociedad civil pueda dar seguimiento real a los recursos.
El Presupuesto como Herramienta de Caridad
Los miembros de la sociedad civil afirman que: "el presupuesto bien ejecutado es la herramienta más poderosa de transformación social y una forma concreta de practicar la caridad cristiana".
Los activistas advierten que mantener recursos ociosos en cuentas bancarias, mientras en las comunidades crecen las necesidades, es un inacción inaceptable para el desarrollo de San Cristóbal.
La solicitud busca sensibilizar a la clase política local sobre la urgencia de ejecutar con eficiencia las partidas destinadas a salud, educación e infraestructura vial, garantizando que el bienestar llegue a cada rincón de la provincia.
