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WASHINGTON, EE UU.-El Departamento de Estado de EE.UU. ha recomendado poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413,500 inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense, informó The Washington Post.
El rotativo capitalino, que cita funcionarios bajo condición de anonimato, explicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de tomar la decisión sobre el TPS, recibió esta semana la recomendación del Departamento de Estado.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que Estados Unidos concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Actualmente viven 439,625 inmigrantes en Estados Unidos amparados por el TPS, según datos facilitados a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
En su mayoría son salvadoreños (263,282), hondureños (86,163) y haitianos (58,706). De Nicaragua hay 5,349 beneficiarios.
Los otros países con TPS son africanos y asiáticos, destacando Nepal, con 12,967 beneficiarios, y Siria, con 6,177.
En el caso de Honduras y Nicaragua, EE.UU. concedió el TPS en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica. El
Salvador lo recibió en 2001 producto de una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero ahora el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
La decisión definitiva sobre el TPS a hondureños y nicaragüenses tiene que llegar en los próximos días, ya que el Gobierno debe pronunciarse 60 días antes de que expire el próximo 5 de enero.
En el caso de los haitianos y salvadoreños, el TPS expira el 22 de enero y el 9 de marzo, respectivamente, por lo que el Gobierno también tiene que tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
